El feminicidio es un problema que ningún gobierno ha podido resolver y que, en los últimos meses, se ha acrecentado. Le echan la culpa al encierro por la pandemia, a la falta de oportunidades de empleos, a los bajos niveles educativos y a miles de argumentos más. Lo cierto es que hay una incapacidad absoluta para enfrentar este delito.
Según Amnistía Internacional, las investigaciones sobre feminicidios, precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades.
Esto ha originado pérdida de evidencias, que no se examinen todas las líneas de investigación y que no se aplique correctamente la perspectiva de género.
Todo esto, dijo el organismo internacional en su último informe sobre el tema, obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) asegura que 18 por ciento de los municipios del país concentran la mayoría de los feminicidios.
En el ámbito nacional, el municipio con más delitos de esta naturaleza es Ciudad Juárez, Chihuahua, con 19 casos en 2020, seguido de Tijuana, Baja California, con 18 y Monterrey, Nuevo León, con 17.
En el Estado de México, Ecatepec, Tecámac, Tultitlán y Atizapán, registraron 8 casos cada uno.
Por lo que corresponde a las carpetas de investigación por cada 100 mil mujeres, Morelos es el estado con más casos, con una tasa de 3.14 por ciento, seguido de Colima, Nuevo León y Sonora.
“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
El informe demuestra que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para realizar algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.
Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.
Este es el panorama de procuración de justicia que enfrentan los familiares de las víctimas de desaparición y de feminicidio, delitos por los que 11 municipios han sido señalados por el gobierno federal con la Alerta de Género.
No es un problema que se vaya a solucionar por si mismo. Requiere la intervención decidida de los gobiernos y todas las áreas involucradas, así como de la propia sociedad civil. Que no manden los protocolos al carajo, por ahí deben comenzar.
ASME
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