La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto

FGR investiga movimientos de cuentas de Peña Nieto

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre movimiento de recursos en favor del ex presidente Enrique Peña Nieto, informó hoy el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Pablo Gómez.

Durante la conferencia mañanera, Gómez informó sobre movimientos de cuentas de Peña Nieto, aunque nunca mencionó el nombre del ex mandatario.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la UIF por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a fin de que la Fiscalía determine si se judicializa el caso, informó Gómez.

Indicó que esos procedimientos se desprenden de operaciones financieras relacionadas desde octubre de 2021.

Dijo que la UIF detectó un esquema donde “un expresidente de la República” obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales.

El funcionario describió contratos de dos empresas donde el ex presidente es accionista. También el otorgamiento de contratos a una firma internacional vinculada con las primeras, entre 2012 y 2018, cuando Peña Nieto estaba en funciones.

Asimismo, Gómez detalló que una familiar del ex mandatario realizó transferencias a cuentas personales de Peña Nieto por un monto de 26.1 millones de pesos y 16 millones de pesos.

Informó que dicho familiar realizó retiros por 189 millones de pesos de cuentas entre 2013 y 2022, periodo en el que realizó depositos por 36.3 millones de pesos en depósitos bancarios.

Peña Nieto en los negocios

Gómez reveló que el ex presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, que identificó como “Empresa A” y “Empresa B”.

“Se fijaron irregularidades fiscales y financiera de la ‘Empresa A’, donde el ex mandatario tiene calidad de accionista con familiares, operaciones con montos elevados, empresa familiar antes de que fuera presidente”. Esta empresa deposita a un accionista una cantidad de 35.9 millones de pesos y después retorna a la empresa 22.8 millones de pesos, añadió Gómez.

La “Empresa B” fue constituida por Peña Nieto y sus famliares antes de que fungiera como presidente, señaló el titular de la UIF.

Esta empresa tiene vínculos con la compañía extranjera. “Hay una relación simbiótica con la empresa transnacional, la cual se benefició de contratos durante la administración del ex presidente por 714 millones de pesos en 2013; mil 126 millones de pesos en 2014; 5 mil 505 millones de pesos, en 2015; 948 millones de pesos en 2016; 991 millones de pesos en 2017 y mil 246 millones de pesos en 2018”.

Gómez precisó que la UIF sólo presenta denuncias cuando se presume que pueden ser operaciones de procedencia ilícita y es la FGR la que determina si existe presunción de delito.

Relación UIF-FGR

Gómez dijo que “no hay actividad extraordinaria entre la UIF y la FGR, es completamente normal en este y muchos casos. Los presuntos delitos los establece el fiscal en el momento de judicializar una causa. Mientras no haya una judicialización de una causa, no hay delito”.

Destacó que es el Código Penal Federal el que le otorga a la UIF capacidad de presentar denuncias por operaciones de procedencia ilícita.

“Para que sea judicializada, en sede judicial, valga la redundancia, tiene que haber una denuncia presentada formalmente por la UIF. La denuncia está presentada, la carpeta de investigación está abierta. No puedo dar más detalles”, añadió sobre el caso de Peña Nieto.

A pregunta expresa, mencionó que podrían estar involucradas, entre familiares y accionistas de las empresas, alrededor de 15 persona. El titular de la UIF precisó que la información proviene en parte de Compranet y otras fuentes, porque no es algo exclusivo que venga del sistema financiero, sino también de la administración pública.

En el caso de los movimientos bancarios, la UIF recibe y revisa la información de posibles transferencias con recursos de procedencia ilícita, pues opera como monitor de entidades públicas. Gómez mencionó que si la FGR lo considera podría dar vista a la Secretaría de la Función Pública

Señaló que no puede dar a conocer los nombres de las empresas involucradas para respetar la presunción de inocencia, pero informó que se dedican al comercio de diversas mercancías.

Con información de: La Jornada

SPM