La Fiscalía General de la República (FGR) y Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se pronunciaron en la defensa de la figura de prisión preventiva oficiosa al alertar la libertad de más de 60 mil personas, y rechazaron la jurisprudencia sobre una demanda de amparo que suspende una orden judicial de aprehensión por delitos graves.
El posicionamiento lo emitieron desde las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), al concluir la Primera Sesión Ordinaria de la Zona Centro, que es la primera de este año.
En representación de la Fiscalía General de la República (FGR), el fiscal Especializado de Control Regional, Germán Adolfo Castillo Banuet, hizo los pronunciamientos al advertir que están a favor de los derechos de las víctimas y ofendidos.
Fiscalías defienden figura de prisión preventiva oficiosa y rechazan una resolución de amparo
Por una parte, advirtió que la eliminación de la prisión preventiva otorgaría libertad a cerca de 68 mil personas sujetas a esta medida por delitos de trascendencia penal que afectan los bienes jurídicos de mayor valía.
Y tendría efectos negativos inconmensurables en el sistema de justicia y los derechos de las partes, como el retardo en la conclusión de asuntos, hasta la sobresaturación de solicitudes de revisión de medidas cautelares y el colapso por la insuficiencia del personal involucrado en su atención.
Razón por la que plantearon a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que al pronunciarse considere que es una restricción válida del derecho humano a la libertad, en virtud de que este no es absoluto, y que la convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7.2 permite que el Estado restrinja derechos humanos a través de leyes y constituciones, como acontece con la prisión preventiva oficiosa.
Buscan privilegiar los derechos de las víctimas
Castillo Banuet afirmó que están convencidos que deben privilegiarse los derechos de las víctimas respecto de los derechos de los imputados, para evitar la victimización institucional sistemática por falta de garantías a su seguridad.
“Como autoridad, debemos mostrar apertura a escuchar a las víctimas y ofendidos, con el objetivo de que perciban directamente los riesgos a los que se les expondría si se invalida la prisión preventiva oficiosa”, explicó.
Por otra parte, el fiscal Especializado de Control Regional indicó que también aprobaron un acuerdo en rechazo a una jurisprudencia sobre la demanda de amparo, con la que se ordena suspender el cumplimiento de una orden judicial de aprehensión por delitos graves como feminicidio, homicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, por mencionar algunos.
La misma será aplicada en 17 de las 32 entidades del país y son el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
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Solicitan a la SCJN que emita un pronunciamiento claro
Alertó que dicha resolución pone en peligro inmediato a las víctimas de estos delitos, a los ofendidos, y a sus testigos, que, consideró, quedarán en el más alto riesgo, en su integridad y en su vida, sin la protección con la que deben contar en razón de sus más elementales Derechos Humanos.
“La impunidad y el estado de indefensión que provocará esta decisión, pueden prolongarse varios meses o muchos años, en cada caso, según se demore el juicio de amparo que cuenta con dos instancias y que inclusive puede llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ha ocurrido constantemente, en muchos casos”, manifestó.
Finalmente, anunció que han solicitado a la SCJN que emita un pronunciamiento claro y definido sobre la supremacía constitucional que debe prevalecer en beneficio de las víctimas y de los ofendidos, y de eso hemos hablado durante nuestra reunión.
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TAR