El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como una obra de seguridad nacional el Tren Maya, con lo que se garantizará que ningún recurso legal la frenará.
Esto, luego de las denuncias de la organización Sálvame del Tren, y otros grupos ambientalistas, de que las obras se mantienen pese a una suspensión judicial.
“Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional, donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública…en la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados que es la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación fueron los que determinaron que la obra se inicie”, informó Javier May, director general del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur).
Al encargado del Tren Maya
Se le cuestionó si con ello no se violentaba la suspensión definitiva del Tren Maya otorgada por un juez de Yucatán.
En resolución a amparos ingresados por ambientalistas y activistas congregados en el colectivo Sélvame del Tren, lo que rechazó.
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“No, ninguno, no se violenta ningún amparo, nosotros no intervenimos, no es Fonatur la que convocó, la que está llevando la obra es la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad”.
Afirmó que al momento el juez no ha dado fecha, pues de parte de Fonatur ya se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental.
Se han presentado los alegatos, por lo que sólo se está a la espera de que se “levante la suspensión”.
La asociación Sélvame del Tren
Informó que el gobierno federal reactivó los trabajos, “sin permisos y sin esperar la resolución de los jueces, violando de manera flagrante la ley y poniendo en riesgo a la Riviera maya, a su gente, su economía, su riqueza natural”.
El tramo 5 del Tren Maya va de Playa del Carmen a Tulum y está a cargo del Ejército mexicano, que subcontrató a tres empresas trasnacionales para realizar las obras: Mota Engil, Azvindi Ferroviario y Consorcio ICA.
Ambientalistas han advertido que la obra tendrá un impacto sobre el ecosistema, incluyendo la zona cavernosa sobre la que pasará la obra.
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