Ricardo Joya Cepeda
El próximo domingo 6 de junio se cumplirá la cita. Casi 12.4 millones de ciudadanas y ciudadanos en el Estado de México acudiremos a votar para elegir a quienes integrarán la Cámara de Diputados federal, la LXI Legislatura estatal y los 125 Ayuntamientos de la entidad.
Quienes obtengan el voto mayoritario, tendrán la facultad para decidir con respecto a lo que ocurrirá en los siguientes tres años, en el ámbito federal, estatal y municipal. En el caso del Congreso de la Unión y específicamente en la Cámara de Diputados, es donde se generan las leyes -y sus reformas- que rigen todos los aspectos de la vida pública y privada del país.
De manera particular, en el caso de la Legislatura estatal -independientemente de los resultados que se obtengan- aún estarán en funciones las actuales diputadas y diputados, en virtud de que concluyen esta responsabilidad en septiembre próximo, y estarán en posibilidad de tomar decisiones que impactarán en el Estado de México.
Una de esas decisiones es la revisión y eventual reforma de la Constitución Política del Estado de México y del marco jurídico de la entidad, bajo la coordinación de Mauricio Valdés Rodríguez, ex presidente del Instituto de Administración Pública local.
En ese ámbito, inició la revisión y discusión de las relaciones entre los medios periodísticos y el sector gubernamental; el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión; el papel de los medios públicos de comunicación; la regulación de los recursos públicos en comunicación y publicidad, entre otros aspectos.
Desde la visión de algunos actores políticos, la relación entre los medios de comunicación y el poder público se ha pervertido desde hace años, sin generar algún beneficio para la sociedad, y por ello es necesario establecer un nuevo marco legal que redefina esa situación. Consideran que la forma como se ha creado y desarrollado la relación “prensa-gobierno” -como comúnmente se le denomina- ha permitido manejos discrecionales, sin generar una mejor comunicación entre la sociedad y el gobierno. En parte es real.
Por ahora se abre la posibilidad para repensar, analizar y establecer una nueva plataforma jurídica que, en principio, defina reglas y criterios para el manejo de los recursos públicos que se destinan a la comunicación, aunque -también hay que reconocerlo- tampoco resolverá mágicamente problemas más profundos que actualmente se manifiestan en la sociedad, como por ejemplo la existencia y operación de las redes socio-digitales que en las campañas políticas se han convertido en el terreno de los ataques, las descalificaciones, la difamación y las mentiras entre adversarios, sin que haya manera de controlarlo.
El reto para el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal de la entidad (Sectec) es de enormes proporciones y ya se evalúa un concepto interesante: el “derecho a la comunicación”. El tiempo apremia, porque si cambia la correlación de fuerzas en el Congreso estatal, la agenda pública podría tomar otros rumbos y este tema tan relevante podría quedar en el olvido.
PERCEPCIÓN
Por favor, vote el próximo domingo 6 de junio para emitir su voto. No permita que una minoría decida el fututo del país, el estado y su municipio.
NEF
Deja una respuesta