Por Jesús Delgado Guerrero
El Congreso federal lanzó a estados y municipios una especie de “torito” con las modificaciones a la Ley de Disciplina Financiera, para poder contratar deuda en caso de emergencia: ver cómo responden a las necesidades planteadas por la pandemia Covid-19 y la consecuente reducción de 5.5 por ciento de recursos del gasto federalizado para el ejercicio fiscal del 2021 .
Esto significa que las entidades no dispondrán el 2021 de cerca de 108 mil 521 millones de pesos, respecto del 2020.
El gasto federalizado son transferencias federales vía participaciones, aportaciones, convenios, subsidios y gastos para protección en salud y, en total, se distribuirán un billón 867 mil 338 millones (para este año se proyectaron 2 billones 050 mil 772 millones de pesos).
La disciplina financiera de La Bartola
Dicho en términos descalzos, los gobiernos estatales y municipales se verán sometidos, primero, a la muy conservadora ”Ley de La Bartola” (“ahí te dejo esos dos pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz”, cantaba Chava Flores, exigiendo todavía excedentes para un “alipus”, hoy conocidos generacionalmente como “drinks”).
Y segundo, a optar por los costos políticos y económicos que suponen la contratación de un mayor pasivo o enfrentar las menguadas reservas de la economía de su clientela, durante el próximo proceso electoral.
En este sentido, sería posible decir que el microscópico bicho ha evidenciado todo el potencial de bondades, ingenios creativos y también las más espesas miserias.
Particularmente de éstas, varias han venido germinando desde hace poco más de dos décadas, producto de otros “bichos”, hoy ignorados a la hora de conformar “frentes” y “confederaciones” para exigir en tono mendicante y federalista la supuesta “justicia fiscal”, mediante un nuevo pacto fiscal.
La holgazanería fiscal estatal
Entre las últimas es imposible no mencionar eso que los especialistas denominan como “pereza fiscal”, tanto de entidades como de municipios que, para el año próximo, dependerán de los dineros federales hasta en 87 por ciento para ejercer su gasto y cubrir las necesidades básicas de servicios a la población, según un estudio del CIEP (Centro de Investigación Económica y Presupuestaria).
Es decir, sólo 13 por ciento de los presupuestos de los estados estará integrado por recursos propios, generados por su tarea recaudadora, lo que habla no precisamente de “pereza” como sugiere la jerga políticamente correcta, sino de franca holgazanería fiscal, cuyos resortes pueden ubicarse en la conveniencia electoral antes que en la incapacidad recaudatoria.
La estrategia es conocida: estirar la mano, exigir y escurrir el bulto, culpando a otros de incrementos de impuestos para procurar salir indemne ante la clientela.
De los municipios mejor ni hablar. Por ejemplo, entre los 125 municipios del Estado de México se considera como una gran hazaña que la recaudación de impuesto predial supere 40 por ciento del padrón.
En tales condiciones, la pandemia de coronavirus Covid-19 se presentaría como una oportunidad inmejorable para que los gobernantes salieran de su comodina y larga “cuarentena fiscal-electoral”, sacudiéndose las pantunflas para exigir reorientar facultades recaudatorias a estados y municipios, obligando a una mayor responsabilidad y eficacia.
Pero de momento, ante el “torito” lanzado por los cambios a la Disciplina Financiera, ¿qué van a hacer muchos estados y municipios? ¿Se van a endeudar más o van a ampliar su base tributaria?
¿Deuda o cobro?
Condenados por su holgazanería convenenciera, si contratan deuda van a prolongar la agonía de sus maltrechas finanzas, y si salen con el garrote recaudador van a sufrir la respuesta de sus vapuleados parroquianos (contribuyentes).
De manera particular, aunque el Estado de México tiene margen para contratar deuda, los gobiernos la han estado aumentando significativamente en las últimas dos décadas (se duplicó), impactando así el gasto año con año.
Al cierre del tercer trimestre del 2019 era una de las cuatro entidades con mayores saldos de deuda en el país, según el Centro de Finanzas de la Legislatura Federal, con más 43 mil millones de pesos y representa poco más de 2.4 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB).
No conforme con ello, los gobernantes se han dedicado al incuestionado deporte de patear alegremente el bote: alargar plazos mediante reestructuraciones y hasta contratando otros créditos para cubrir compromisos vigentes.
Por otro lado, hay municipios cuyas deudas prácticamente tienen condenados a los habitantes a pagarla durante los próximos 50 años, como Coacalco, según estudios del ex Organismo Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).
Municipios atorados
Y varios más no han podido sacar al buey de la barranca durante los últimos 15 o 10 años y figuran en listas nacionales nada presumibles en torno de localidades con “altos endeudamientos”: Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Chalco, Tultitlán, Zumpango, Metepec, Zinacantepec, Valle de Chalco, Chicoloapan, Tepotzotlán Nicolás Romero, Tultitlán y Toluca, entre otros.
El ingenio de los presuntos “magos” de las finanzas a prueba con la modificación a la Ley de Disciplina Financiera, a ver a qué machincuepas financieras recurren en un año que económica y políticamente se anticipa más complicado que el actual (ojalá alcance no sólo para echarse el “alipus”, sino también para que la legendaria “Bartola” se compre su abrigo de visón, como presupuestaron las deliciosas estrofas del famoso bardo). Ya se verá.
Líneas finales para no prolongar el aburrimiento: expresar el agradecimiento de “Los Sonámbulos” a las y los directivos de La Jornada Estado de México ante la gentil cortesía para formar parte del plural elenco de esta sección.
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