Gabriel Corona Armenta
El pasado 5 de enero el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) inició el proceso comicial para renovar los poderes en los 125 municipios de la entidad y los 75 escaños de la legislatura local. Este hecho ocurrió en medio de la incertidumbre generada por la muerte de su consejero presidente y después de una disputa para encabezar de manera provisional al árbitro electoral.
El asunto no es menor. Nunca en la historia del IEEM un consejero presidente había muerto en el cargo, a unos días de iniciar los comicios. A este hecho se sumó otro: nunca se habían realizado unas elecciones en medio de una pandemia como la que vivimos, lo cual por sí mismo es un gran reto logístico.
Otro desafío fundamental para el IEEM es lograr credibilidad en su actuación de árbitro, fortaleciendo su autonomía frente a los poderes públicos y los partidos políticos. Esta es una deuda histórica que el órgano comicial no ha podido pagar a la ciudadanía.
La subordinación no es nueva. Desde su creación, en 1996, el IEEM ha sido un ente dependiente del gobierno del estado, que solo bajo la conducción de José Núñez (2005-2008) pudo ser atenuada. El resto de los consejeros presidentes, algunos más débiles que sus subordinados, y la mayoría de los consejeros, han aceptado ser portavoces de los partidos que los propusieron o del gobierno mismo.
Esta situación no varió mucho a partir de 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) asumió la responsabilidad de nombrar las consejerías del IEEM, en lugar de la legislatura estatal. Una revisión del perfil de quienes han integrado su consejo general desde entonces así lo demuestra: la mayoría han sido o son cercanos al PRI y a los poderes del estado. Esto revela que no ha superado la partidización de sus órganos de dirección y de sus estructuras burocráticas, solo formalmente ciudadanizadas.
Pero en el IEEM no solo hay elementos oficialistas. Sus estructuras administrativas, todavía con un servicio profesional de carrera muy incipiente, también están ocupadas por personas provenientes de los partidos de oposición, quienes han entrado en ese reparto de empleos para familiares y amigos, como una forma de compartir decisiones y vigilarse.
La falta de imparcialidad también ha sido una constante a lo largo de su historia. En numerosas ocasiones, entre 1996 y 2018, la actuación del IEEM se ha apartado de sus principios rectores. Ni siquiera el INE ha tenido la voluntad para corregir tales prácticas, a partir de 2014, cuando asumió el papel de ente rector de los procesos electorales en México, incluidos los locales.
En tales condiciones, es difícil que puedan romperse las inercias políticas del órgano electoral, sobre todo si considera que casi todos los partidos de oposición al PRI se han vuelto parte del sistema de complicidades internas, a cambio de recursos de todo tipo y de espacios de poder. Esta es una forma de cooptación muy eficaz que ha dado buenos resultados a los poderes de la entidad.
Sin embargo, la ciudadanía mexiquense no se ha visto beneficiada de esos arreglos cupulares. Sigue esperando elecciones transparentes; sin dudas sobre la expresión de la voluntad popular. Todavía existe un importante déficit de credibilidad en los comicios y en las autoridades que los organizan. ¿Estará a la altura de ese reto el consejo general del IEEM, integrado por primera vez de manera mayoritaria por mujeres, o solo repetirá las mismas prácticas del pasado? El tiempo lo dirá.
ASME
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