Este mes de abril cumplieron su primer cuarto de siglo las autoridades electorales más importantes del Estado de México: el Instituto Electoral (IEEM) y el Tribunal Electoral (TEEM). Ambos órganos comiciales fueron producto de la reforma electoral de 1996, que formalmente eliminó la injerencia del gobierno estatal en la integración y funcionamiento de los mismos, pero que en los hechos nunca ha ocurrido.
En el caso del IEEM, el gobierno estatal lo ha seguido utilizando como una especie de Comisión Estatal Electoral renovada, pero que nunca ha dejado de controlar en su versión autónoma, salvo el breve periodo de 2005 a 2008, cuando por primera vez en su historia tuvo un consejo general al que no manipulaba. Desde entonces solo ha habido esfuerzos individuales y aislados por distanciarse del gobierno estatal.
En el caso del TEEM esa separación con el poder ejecutivo tampoco se ha logrado. Nunca ha roto el cordón umbilical con él. Desde un principio sus integrantes, en su mayoría afines al PRI, han estado subordinados a las decisiones que se toman desde las oficinas gubernamentales. Esto a pesar de que se ha hecho costumbre que haya magistrados propuestos por partidos, formalmente de oposición, pero que en los hechos han sido domesticados por los círculos del poder mexiquense.
Algunas personas han sido claves para lograr esa subordinación del IEEM al gobierno estatal. Aunque hay varias, sobresalen las figuras de Bernardo García Cisneros, secretario general de 1996 a 2003 y consejero de 2003 a 2005; y la de Francisco J. López Corral, director general en 2008, secretario general ejecutivo de 2008 a 2014 y secretario ejecutivo de 2014 a la fecha. Es decir que entre los dos han servido para que el gobierno estatal pudiera controlar al IEEM durante 22 de sus 25 años. La cifra no deja lugar a dudas de las razones de la permanencia de ambas personas.
En el caso del TEEM ha sucedido algo parecido, aunque aquí hay tres personas. Uno de ellos es Samuel Espejel, presidente entre 2005 y 2009; otro es Jorge Muciño, magistrado numerario en 1996 y 1999, magistrado presidente de 2010 a 2016 y magistrado desde ese año hasta la fecha. Los nexos de Muciño con el sistema son tan grandes que ha sido señalado como socio del ex gobernador César Camacho en una empresa vinícola. (https://bit.ly/3vyDgKA). A pesar de ese conflicto de interés, una y otra vez ha resuelto asuntos favorables al PRI.
El tercero de ellos es Raúl Flores, asesor de Muciño en 2005, cuando era consejero del IEEM, dato que por algo omite en su currículo, tal vez para ocultar la enorme dependencia que tiene respecto al segundo. Flores fue magistrado del TEEM por primera vez, entre 2005 y 2014. Regresó al mismo cargo en 2017 y concluirá su encargo en 2024. Hasta hoy es el presidente.
Aunque en este caso es más difícil calcular los años en que han controlado el TEEM, porque al principio era un órgano temporal, se puede afirmar que de 1996 a 1999 y de 2005 a 2021, al menos 18 de 25 años, estos tres personajes han sido claves para someter al órgano jurisdiccional. Un dato en clave es que los tres estuvieron en el IEEM. Con estos antecedentes resulta asombroso que ambas instituciones hayan festejado un aniversario más de su fundación, con discursos llenos de frases bonitas sobre la autonomía y la democracia. Los hechos desmienten rotundamente esa palabrería. ¿Tendrán que pasar otros 25 años para que el IEEM y el TEEM dejen de estar controlados por el gobiernos estatal
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