Por Gabriel Corona Armenta
A partir de la reforma constitucional de 2014, que le atribuyó al nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) la función rectora de todos los comicios, incluidos los locales, éste se convirtió en un actor más en la elección de ayuntamientos, diputaciones y de la gubernatura estatal. A pesar de ese carácter, el INE local no ha sido un factor decisivo en la integridad de los comicios mexiquenses, para marcar un antes y un después de ese año. Esto se debe a que no ha ejercido esa función rectora plenamente, por falta de voluntad o por omisión de los integrantes de sus órganos de dirección.
Lo cierto es que el antes IFE tampoco fue repelente a las presiones de los poderes locales. Es conocida la injerencia que ejercía, por ejemplo, el presidente del PRI estatal en la Junta Local del IFE en el 2000. O la violación al procedimiento de capacitación que hizo el vocal ejecutivo distrital en Huixquilucan, para favorecer al PRI en 2003, que desembocó en su destitución. Aunque este fue el caso más grave, otros vocales que venían de la antigua Comisión Federal Electoral actuaron de la misma manera en otros comicios, por ejemplo en Atlacomulco, Ecatepec, Atizapán o Cuautitlán, por sólo mencionar algunos.
La junta local del IFE tampoco hizo gran cosa para detener la compra y coacción del voto en las elecciones de 2012. A pesar de las denuncias de varios consejeros locales, el vocal ejecutivo no llevó a cabo acciones para detener el operativo orientado a llenar de militantes priistas los consejos distritales y la capacitación electoral, con la clara intención de sesgar el procedimiento de integración de las mesas directivas de casilla e incidir en la votación de ese año, lo cual volvió a repetirse en 2015.
Pero lo más cuestionable de la actuación del INE local en los comicios mexiquenses fue en 2017. En esa elección para la gubernatura no aplicó el PREP casilla, a través del cual las posibilidades de manipulación de los resultados en el IEEM eran prácticamente nulas. A pesar de que el vocal ejecutivo estatal aseguró que se haría, lo cual fue confirmado por el presidente del INE, al final ganaron las presiones políticas locales. El PREP casilla no se aplicó y los operadores priistas quedaron con las manos libres para hacer de las suyas.
Pero no solo fue eso. En el conteo rápido de 2017 el vocal ejecutivo estatal aseguró, otra vez, que para garantizar que la información recibida el 4 de junio fuera fidedigna, las llamadas de los capacitadores del INE a los capturistas del IEEM se grabarían. Esto era vital para evitar un fraude, por el antecedente conocido de un sesgo favorable al PRI en los tres simulacros realizados y que, a pesar de las promesas de sus integrantes, no se corrigió. La grabación nunca se realizó o al menos nunca se mostró alguna evidencia.
Con estos elementos es posible afirmar que el INE local requiere mayor imparcialidad; hacer esfuerzos adicionales para aplicar la ley, porque actualmente posee muchas inercias difíciles de erradicar. Aunque no está sujeto a la magnitud de las manipulaciones del órgano electoral local, muchos de sus integrantes han mostrado ser parciales. Por esta razón, tendrá que acreditar en cada una de sus tareas, de manera cotidiana, que la voluntad popular será respetada en 2021; que los resultados electorales estarán fuera de toda duda. Pero para eso se requiere imparcialidad de sus integrantes, de tal forma que no se subordinen a los poderes locales, tal como ocurrió en 2017.
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