El primer gobernador mexiquense que levantó la voz en contra de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue, curiosamente, Alfredo Del Mazo González, ante el presidente de la Republica de aquel entonces, Miguel de la Madrid Hurtado. El mandatario se quejó que le habían recortado habitantes en la medición del censo de 1980.
Obsequioso y con ganas de quedar bien con su amigo, el Presidente respondió ¡a mis amigos mexiquenses les digo que no se preocupen, cuentan con la simpatía del gobierno federal y habrá recursos para apoyar las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de esta importante entidad federativa.
Eso fue en 1982. 40 años después el gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfrenta una situación muy parecida, aunque el contexto sea muy diferente.
Veamos. Hasta antes de 2020, México contaba con una población total de 127 millones 400 mil habitantes, pero al año siguiente, de manera inexplicable, el país redujo su población a 126 millones 200 mil habitantes, de los cuales, según el Inegi, un millón 100 mil habitantes radicaban en el Estado de México.
Se antoja desproporcionado y fuera de toda lógica que de esa disminución en la población, 91.6 por ciento, haya recaído sólo en el Estado de México ¿y el resto del país se mantuvo igual?, ¿sin defunciones ni nacimientos?
Frente a esa situación, el gobierno mexiquense interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar los resultados del Censo de Población y vivienda 2020. En ese momento, el ministro de la Corte Luis María Aguilar concedió una suspensión y pidió a la Secretaría de Hacienda que siguiera entregando los recursos al Edomex conforme a la suma de 18.2 millones de habitantes.
Pero esa decisión afectó a otras entidades, como la Ciudad de México donde la jefa de gobierno exigió la restitución de 2 mil millones de pesos que esa entidad perdió por la controversia con el Estado de México.
El pleno de la corte ya había aceptado una petición del gobierno federal para darle trámite prioritario a este asunto.
Pero la mayoría de magistrados de la Segunda Sala declaró fundada una reclamación del Inegi y resolvió que la controversia es improcedente, porque el gobierno del Estado de México no alega una invasión a su esfera de atribuciones, ni la violación de algún derecho humano previsto en la Constitución.
Ahora le tocó al Estado de México ser “rasurado” por el Inegi y fue verdaderamente letal, porque estamos hablando de que dejará de recibir 4 mil 300 millones de pesos cada año.
Al reunirse con alcaldes electos, el 17 de noviembre pasado, el gobernador Alfredo Del Mazo calificó como “absurdo” el resultado del censo.
Aunque es previsible que el gobierno mexiquense interponga un juicio de amparo, no existe la seguridad de que sea admitido, ni de que se le conceda una nueva suspensión para seguir recibiendo los recursos de antaño.
El revés del Inegi, no lo quita ni Dios Padre.
Por cierto, el recorte viene en año preelectoral.
ASME
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