Por Jesús Delgado Guerrero
Los recientes patinazos en el Congreso de la Unión (léase cámaras de senadores y de diputados) no podían haber sido más grotescos. Primero la “Ley Salinas Pliego” para que el Banco de México capte las divisas extranjeras (dólares principalmente) que no pueden ser devueltas y sumarlas a las reservas internacionales.
Luego estuvo la fallida reforma a la “subcontratación”, uno de los agandalles neoliberales vendido como “flexibilidad laboral” para dejar a los trabajadores en calidad de indigentes al final de su etapa productiva y, para cerrar, la frustrante reforma de las pensiones que apenas tocó con un pétalo a las abusivas Afores y a sus todavía más leoninas comisiones (quedaron en 0.8 por ciento y no en 0.5 por ciento, como era la intención, de manera que el atraco continúa).
Con todo para trascender y dar los pasos encaminados a lograr una verdadera transformación que deje atrás la pesadilla que presuntamente se combate, se está perdiendo la oportunidad para llevar a cabo cambios realmente relevantes para desmantelar ese aparato de gobierno alterno que durante décadas se confeccionó al amparo de la religión neoliberal y sus adictos, creando “instituciones” y marcos legales a modo bajo la fachada de “autonomía” y poderes supuestamente plenos, pero siempre al servicio del poder económico y oligárquico del país.
Esta es la etapa a la que seguramente se refieren los que afirman que “estamos de vuelta al pasado”, porque las “instituciones” y los “fundamentos” evangélicos que las erigieron siguen tan campantes como el viejo Sebas de los comerciales de zapatos.
En el caso del Banco de México, la iniciativa dio “carne” para que se argumentara que se está abriendo la puerta para convertirlo en un gigantesco lavadero de dinero ilegal, dejando además un penetrante olor a azufre político (o a influyentismo y compadrazgo, como se prefiera).
El tema va a dar para más, pero ciertamente no sobra decir que al amparo de pretendidas autonomías, el Banco de México es algo peor que un fregadero: es un casino donde se privilegia la especulación y el “acarreo de divisas” de países con tasas de interés bajas (como Estados Unidos), todo a costa de la inversión productiva, generando además distorsiones.
Esto lo observó el doctor en economía Carlos A. Rozo (Capital especulativo y blindaje financiero en México), y bien valdría la pena que los legisladores, principalmente los de la fracción mayoritaria, atendieran esa situación porque controlar la paridad peso-dólar mediante la tasa de interés o de subastas de las reservas para alimentar al “Ogro Salvaje”, no ha funcionado.
El más claro ejemplo de ello fue la deuda pública, que aumentó en más de un billón de pesos durante la pandemia, esto luego de los ataques especulativos. Aquí se impondrían impuestos a las transacciones financieras para que ese viejo régimen de libre flotación de diciembre de 1994 (tras el diciembrazo Salinas-Zedillo, de funesta y actual memoria con el Fobaproa-IPAB), tenga “dientes” contra la “inversión de corto plazo” en los mercados de dinero (especulación vil, para decirlo en términos menos “técnicos”).
No estaría de más que se revisara la ley (autónoma, claro) que obliga a canalizar 70 por ciento de los remanentes del Banco de México al pago de la deuda pública, otro agandalle “legal” neoliberal creado para favorecer a los que “prestan con una mano y se cobran con la otra”, decía Marx (ahora “asesor intelectual” en la Tesorería de la Federación, para malestar de la “tecnocracia químicamente pura”).
Lo anterior, amén de cortar los muy “autónomos” dispendios al interior del propio Banco de México, donde la autonomía ha permitido salarios entre alucinantes e insultantes: más de 365 mil pesos mensuales el gobernador y más de 354 mil los subgobernadores, además de ocho direcciones con más de 176 mil pesos al mes y cerca de 90 funcionarios con sueldo similar a lo que gana Andrés Manuel Lopez Obrador como Presidente de la República: 108 mil pesos.
Esto sin contar gratificaciones y otras prestaciones, según cifras difundidas en el 2018, antes de que AMLO llegara a la presidencia, así como un espléndido comedor donde se sabe que se sirve vino del más caro, propio de sultanes y otros consumidores de bebidas espirituosas costosas.
La “autonomía” de Banxico sirve también para despacharse a placer: pensiones de más de 283 mil pesos, hasta jubilaciones “especiales por retiro”, como los 122 mil 662 pesos mensuales al ex gobernador de Banxico, Agustín Carstens, o los 102 mil 323 pesos al ex presidente Ernesto Zedillo cuando laboró como subgerente de investigación económica; o también los 227 mil 077 pesos del ex titular Guillermo Ortiz Martínez.
En resumen, si para algo ha servido la “autonomía” de Banxico, además de controlar la inflación a duras penas, es para la economía casinera y el abuso tecnocrático.
Y lo mismo sucede con otros “organismos autónomos”, más al servicio de las oligarquías y el poder económico que al país, por eso en ciertos aspectos tienen que ser des-autonomizados. No hacerlo es dejar que el “animal”, como en las películas de terror, respire y se siga moviendo. Hay que ir, pues, contra los “fundamentos”.
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