El pasado 6 de diciembre fue el escenario de dos momentos significativos. En la tarde de ese día el consejo general del IEEM aprobó el convenio de colaboración con el INE, para la elección de la gubernatura mexiquense en 2023. Esa misma fecha, al no aprobarse días antes la reforma constitucional en materia comicial, se recibió en la Cámara de Diputados federal el llamado Plan B de la misma, presentada por el presidente AMLO y asumida como propia por la fracción parlamentaria de Morena, a fin de acelerar el proceso legislativo.
Esa iniciativa fue aprobada la madrugada del día siguiente con algunos graves errores, a pesar de lo cual se envió a la Cámara de Senadores para su eventual aprobación. La magnitud de los cambios propuestos en la legislación electoral, y otras leyes relacionadas con la función comicial, son de tal magnitud que dejan en suspenso el convenio de colaboración entre el INE y el IEEM. En caso de ser aprobado por la cámara alta, las bases de colaboración tendrían que ser reformuladas con base en las nuevas modificaciones legales.
El Plan B de la reforma electoral aprobada por la cámara baja es producto de un viejo enfrentamiento del presidente AMLO con el IFE-INE. Aunque viene desde 2006, se ha recrudecido a partir de 2019, cuando los consejeros no se sumaron a las políticas de austeridad impulsadas por el presidente de la República. Algunos de ellos, el secretario ejecutivo y otros directivos tramitaron amparos para seguir percibiendo los mismos ingresos. Eso aumentó la molestia presidencial hacia los que considera privilegiados.
A pesar de que el poder judicial y el poder legislativo bajaron sus percepciones a partir de 2018, e incluso algunos organismos autónomos como la UNAM, el INE y otros no siguieron este ejemplo. Sostuvieron su postura de mantener inalterados sus ingresos y prestaciones. También llevaron la relación política con el presidente a una situación límite, que al final ha terminado en una reforma electoral que busca bajar el costo de los comicios a cualquier precio.
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En caso de ser aprobada esa reforma comicial en los mismos términos, se tendrá que hacer una reingeniería del INE y de los OPLEs, porque plantea una seria compactación de áreas de todas las instituciones electorales. La reforma no solo baja los salarios y elimina prestaciones de los consejeros electorales, sino que le quita atribuciones y recursos al INE, que podrían afectar más su capacidad rectora de los procesos electorales locales, la cual nunca ha ejercido plenamente, por las presiones políticas.
Por razones del calendario electoral, las dos entidades más afectadas por la eventual aprobación serían el Estado de México y Coahuila, que renovarán sus gubernaturas en 2023. Especialmente el primero, porque su proceso electoral inicia la primera semana de enero, es decir en menos de un mes. Si se aprueba en la cámara alta la reforma electoral en los mismos términos que en la cámara baja, el convenio de colaboración del INE con el IEEM tendría que ser modificado de forma y fondo; replantearse sobre bases nuevas.
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La presente semana será clave para conocer los términos exactos en que el IEEM organizará los comicios de 2023. Es urgente conocer esas bases de colaboración, para que autoridades electorales y ciudadanía sepan su alcance. No se puede correr el riesgo de que algunos actores políticos aprovechen la incertidumbre existente, para enturbiar más un proceso comicial de por sí cuestionado por lo anticipado de las campañas.