Es un secreto a voces que los grupos delictivos se han convertido en un poder de facto en México. Este no es un problema nuevo. A lo largo de los años han incrementado su poder económico, pero también el político, al grado de confrontar a los poderes formales de todo nivel. Ha crecido tanto su poder en la esfera privada que ahora se ha convertido en una amenaza para la vida pública y para la seguridad de quienes aspiran a puestos de elección popular.
Así lo han percibido partidos políticos y autoridades comiciales en diversos momentos. Por ejemplo, desde mediados de enero, MC anunció que no registraría candidaturas a puestos de elección popular en la Tierra Caliente de Guerrero, por la violencia que han sufrido en otros momentos sus aspirantes, pues algunos de ellos fueron “levantados”, balaceados o amenazados para que renunciaran a sus aspiraciones políticas.
A pesar de lo anterior, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido, declaró el 23 de enero pasado que la seguridad no es algo que le preocupe al órgano electoral. Se limitó a decir que los recorridos para ubicar casillas se han hecho normalmente. Subestimó a tal grado el problema que incluso vio paz y seguridad en el sur del estado, a pesar de que no existe. Olvidó que una porción del territorio mexiquense es parte de la región de Tierra Caliente, que comparte con los estados de Guerrero y Michoacán, con quienes tiene muchos problemas comunes, entre ellos la inseguridad general.
Muy pronto sus dichos fueron contrastados. Durante la sesión del 24 de enero, los representantes de los partidos de oposición, en el consejo general del INE, demandaron que la autoridad electoral haga mapas de riesgo para detectar focos rojos de inseguridad, ocasionados por las actividades de grupos delictivos en el país. También le pidieron acciones específicas para resguardar a sus funcionarios y a los candidatos durante los próximos comicios, en zonas del país “donde no se puede ni caminar”.
Por su parte, el magistrado del TEPJF, Felipe de la Mata, durante una conferencia dada el 27 de enero, advirtió que el crimen infiltrado en candidaturas es el problema más importante que afrontar en el sistema electoral mexicano. Propuso crear un botón de pánico para los candidatos hostigados por la delincuencia, con el fin de que puedan defenderse. También habló de la necesidad de crear un mapa de riesgos. Finalmente, sostuvo que en los comicios de este año también habrá intervención de grupos criminales. Como para confirmar lo dicho, el 31 de enero fue asesinado en Jalisco un precandidato. En este contexto, el 2 de febrero la Secretaría de Seguridad anunció que los candidatos a puestos de elección popular podrán contar con protección federal durante este proceso electoral.
A pesar de estas acciones para evitar la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones, en el Estado de México se quiere ocultar un problema real. La declaración de la consejera presidenta del IEEM no ayuda a resolverlo, porque trata de negar lo evidente: que el crimen organizado ha permeado también las actividades políticas en la entidad y es un riesgo para la seguridad de quienes aspiran a cargos de elección popular, especialmente de aquellos que los delincuentes perciben como una amenaza a sus intereses. Aprovechando el impulso federal, las autoridades mexiquenses deberían aplicar un programa de acción complementaria. No deben esperar a que “se ahogue el niño”, para después tapar el pozo.
TAR