El pasado 22 de febrero presentó su renuncia Jorge Pérez Zamudio, como Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de México. La causa de tal decisión fue una denuncia hecha por el coordinador de campaña de la precandidata de Morena, Horacio Duarte. Éste divulgó un oficio enviado por J. Pérez, en donde pidió a varios periódicos la publicación de una nota en contra de Delfina Gómez, relacionada con el manejo de los recursos en su paso por la Secretaría de Educación Pública.
Aunque tal hecho podría parecer algo aislado, lo cierto es que no lo es. Forma parte de una serie de acciones orientadas a restarle simpatizantes a la precandidata de Morena y a elevar el posicionamiento político electoral de Alejandra del Moral. A manera de ejemplo solo basta recordar los espectaculares de cuando todavía era Secretaria de Desarrollo Social, los cuales tenían claramente la intención de fijar su nombre entre el electorado mexiquense.
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Esta última no ha sido la única ocasión en que los gastos de comunicación gubernamental son usados de tal forma. Hay que recordar cuando los paquetes de propaganda contratados por A. Montiel incluían la promoción de la imagen de su delfín, E. Peña; o cuando el gasto de éste como gobernador incluía también los de su campaña mediática, orientada a posicionarse como candidato presidencial del PRI.
El apoyo del gobierno estatal a quienes han ocupado la candidatura al mismo cargo ha sido una constante histórica. Así ha ocurrido desde 1929 cuando el PNR postuló a Filiberto Gómez, junto con el PST local. Esa misma lógica se mantuvo en las campañas de los siguientes 17 candidatos a gobernadores, es decir hasta 2017 con Alfredo del Mazo. Todos ellos recibieron múltiples apoyos para conquistar el ansiado cargo.
A lo largo de la historia electoral mexiquense se ha denunciado, en muchas ocasiones, el desvío de recursos públicos a las campañas del PRI a la gubernatura. Basta con revisar los periódicos del presente siglo para conocer de ellos, a pesar de lo cual nunca nadie ha recibido castigo. Los gobernadores A. Montiel, E. Peña y E. Ávila siempre encontraron la manera de someter a las fracciones opositoras en el poder legislativo, para aprobar sus cuentas. Sirva como ejemplo la compra de diputados del PRD y del PAN por el gobierno de Montiel.
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Aunque la renuncia de Jorge Pérez a tal cargo puede dar la apariencia de que la injerencia gubernamental en los comicios ha desaparecido, lo cierto es que la medida solo busca cuidar las formas. No atiende el problema de fondo. Por ejemplo, persiste el uso clientelar de los programas sociales, especialmente del Salario Rosa, para mantener la fidelidad del voto duro del PRI y captar a otros electores.
Por si esto no fuera suficiente, el gobierno estatal mantiene el control del aparato electoral para incidir en los comicios. En el IEEM controlan la presidencia, la secretaría ejecutiva y la mayoría de las consejerías, casi todas posiciones del PRI, con abundantes recursos económicos; en el Tribunal Electoral local existe un esquema de control similar desde su fundación. Por ejemplo, todavía con E. Peña recibían sobres con dinero en efectivo, como regalo decembrino del gobernador.
Es obvio que las prácticas de injerencia gubernamental en los comicios no desaparecerán con la renuncia de un funcionario. Esa costumbre es un elemento natural de los gobiernos emanados del PRI. Son parte del sistema. Por esta razón, estarán unidos hasta el final.
SPM