El día 05 de febrero se presentaron 20 propuestas, 18 de carácter constitucional y un par más de orden legal, sin duda es un paquete con cambios trascendentales para el Estado Mexicano, nos referiremos en esta columna a las que tienen impacto sobre el uso del agua.
El contexto es importante, pues ocurren en uno de los años más complicados de nuestro país en cuanto al estrés hídrico; sin embargo, al presentarse en un paquete más amplio y con tantos temas de primer orden de importancia, tal vez se pierda en la discusión general, pero sin duda es importante en su planteamiento.
La propuesta “tiene como finalidad la mayor garantía y protección del derecho humano al agua, por lo que se propone reformar el párrafo sexto del Artículo 4º de la Constitución para establecer la preferencia del consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso”.
Es decir, a las características que debe tener el Derecho Humano al Agua, se hará hincapié en que el Estado deberá dar preferencia al uso personal y doméstico, que, aunque ya se encontraba mencionado, se recalca, hay que mencionar que aún queda pendiente lo mencionado por el Transitorio de este Artículo, que es legislar la Ley General de Agua, que reglamente este párrafo, algo que tiene un incumplimiento de más de 10 años. Sube a carácter constitucional el Artículo Décimo Quinto de la Ley de Aguas Nacionales que describe la relación de los usos de las aguas nacionales y que va en concordancia con lo propuesto.
Adicional se propone reformar el párrafo sexto del Artículo 27, que habla precisamente de las concesiones por el uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, “para prohibir el otorgamiento de éstas en aquellas zonas con escasez, es decir, que esté en riesgo la disponibilidad para consumo de las personas y uso doméstico”. Al respecto podemos decir que hará falta reformar leyes y otros ordenamientos legales para establecer las condiciones que harían efectivo este ordenamiento, que habrá que decir es correcta la propuesta en cuanto a que se reconoce el límite físico en las actividades económicas de acuerdo a la disponibilidad de agua, cabe señalar que el Quinto Transitorio de la propuesta menciona que se respetarán las concesiones otorgadas con anterioridad.
Las otras propuestas tienen que ver con las concesiones a la minería, que también de forma acertada propone que esta actividad utilice agua tratada, lo que mediante ciertos mecanismos puede beneficiar a los organismos operadores.
Por otra parte, tenemos la incorporación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) a la SEMARNAT, las funciones se mantienen, pero cambia la figura de gobierno al pasar de Organismo Descentralizado a Unidad Administrativa, en nuestra opinión podría formar parte de la CONAGUA para mejorar su comunicación y objetivos.
Finalmente, el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho abre la posibilidad de que puedan obtener de forma directa recursos federales de sus diversos programas, lo que es un reconocimiento a su derecho a administración de sus recursos, hasta hoy, los recursos sólo pueden bajar a través de los gobiernos municipales y/o estatales.
TAR