La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Mary Lawlor, pidió la liberación inmediata de la activista afroindígena Kenia Inés Hernández Montalván.
Quien se encuentra presa en el penal de máxima seguridad de Morelos.
Destacó que a partir de 2020, Kenia Hérnandez ha sufrido hostigamiento judicial y uso indebido del derecho penal por parte de autoridades estatales y empresas.
La defensora indígena Kenia Inés Hernández Montalván ha permanecido en prisión un año y once meses desde su detención el 06 de junio de 2020.
Desde entonces en opinión de la defensora, “ha sido sujeta a una fuerte campaña de criminalización orquestada en su contra, como represalia por su legítimo trabajo de activismo y defensa de los derechos territoriales”.
Existen nueve causas penales abiertas en su contra en cuatro entidades del país:
- Morelos
- Guerrero
- Guanajuato
- Estado de México
La activista ha recibido dos sentencias dictadas por jueces del Tribunal de Enjuiciamiento de Ecatepec y Almoloya de Juárez del Estado de México.
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Lo que suma un total de 21 años y 9 meses de prisión para Kenia Hernández
Fue acusada del delito de robo con violencia, durante la liberación de casetas.
En el informe se destacó que la defensora de los Derechos Humanos sufre de problemas visuales y de columna vertebral y su comunicación con el mundo exterior ha sido muy limitada por las autoridades de la cárcel desde que fue detenida.
“Actualmente se le permiten 10 minutos al mes de llamadas telefónicas, mismos que la defensora utiliza para hablar con su familia, incluidos sus hijos.
Su abogado no habría podido visitarla desde hace cinco meses, ni hablar con ella fuera de las audiencias en sus casos, a las que se conecta a través de una conexión poco fiable”, dice el documento.
Esta semana se publicó la comunicación escrita por la relatora y otros expertos de la ONU.
La comunicación fue enviada al Gobierno de México el 30 de mayo de 2022.
En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por “la presunta criminalización” de Kenia.
En julio, el Centro de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA)
Determinó que el juicio de la defensora indígena Kenia Hernández, por robo con agravante en Ecatepec, estuvo plagado de irregularidades y violaciones graves a sus derechos, por lo que la sentencia en su contra debe ser anulada.
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