El primer ejercicio de este tipo en nuestro país corre el riesgo de no realizarse. Las razones fundamentales son dos: una, la decisión de la Cámara de Diputados federal, dominada por Morena, de no autorizar el presupuesto solicitado por el INE para 2022, por 24, 649 millones de pesos; y dos, la postura del INE, quien sostiene que con el recorte de 4, 913 millones será imposible organizar el proceso de revocación de mandato.
Al INE solo le autorizaron 19, 736 millones para 2022, presupuesto que considera insuficiente para realizar un ejercicio que, por sus dimensiones, es equivalente al de una elección constitucional, dado que es necesario instalar el mismo número de casillas y capacitar a una gran cantidad de funcionarios, entre otras actividades. Este hecho ha desatado una confrontación más del INE con el gobierno federal, que puede traer graves consecuencias para el país.
El gobierno federal, especialmente el presidente AMLO, insiste en que el INE tiene suficientes recursos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Dice que puede echar mano de los recursos financieros disponibles en sus fideicomisos, bajar el sueldo de los integrantes del consejo general o reducir sus gastos de representación, entre otros. Los defensores del INE argumentan que ni con eso sería suficiente para realizar tal ejercicio constitucional. Además, los consejeros anuncian que usarán las vías legales para conseguir recursos.
Además de estos tres actores fundamentales, la revocación de mandato tiene otros protagonistas: los seguidores de AMLO, quienes han tratado que la revocación se convierta en ratificación de mandato, gracias a su propaganda; y los opositores a ese ejercicio constitucional, quienes lo consideran un instrumento de proselitismo presidencial para perpetuarse en el cargo. Ambas posturas parecen irreconciliables; no tienen puntos de convergencia.
Lo cierto es que por las posturas irreductibles de los dos actores más importantes de la confrontación, el gobierno federal y el INE, parece que no habrá solución. Aunque el INE consiga por las vías legales un aumento presupuestal, para entonces ya habrá transcurrido suficiente tiempo para complicar el ejercicio constitucional. El retraso en la asignación del presupuesto tendría enormes costos.
Este hecho podría traer consecuencias negativas y llevaría a otro nivel de confrontación a los dos principales actores: AMLO y Lorenzo Córdova. Incluso se podría plantear la remoción de todos los consejeros o una reingeniería constitucional del INE, al que el presidente acusa de tener una “burocracia dorada”, llena de privilegios que él desea combatir.
Independientemente de cuál sea el desenlace de esta confrontación, difícilmente la revocación de mandato tendrá un final feliz: primero porque la escasez de recursos dificultará la organización del proceso; segundo porque no hay experiencias previas de este tipo de ejercicios y todo procedimiento nuevo implica una curva de aprendizaje que no está exenta de errores y omisiones.
La batalla por los recursos para organizar el proceso de revocación de mandato parece ser solo una más en la ya larga confrontación del INE con el gobierno federal, acrecentada por la resistencia del último a sumarse a las políticas de austeridad de AMLO, además del protagonismo de Córdova, que también ha molestado a otros sectores sociales.
Para arreglarlo hace falta más visión de Estado en ambos y sacrificar sus egos. La ciudadanía espera su respuesta.
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