Antonio Lira Duque, representante del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL), informó sobre una movilización y una campaña permanente por la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández y en la que exigen la intervención del titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.
Exigen la libertad de la activista guerrerense Kenia Hernández
Recordó que fue Ecatepec donde Kenia Hernández fue detenida y recluida en un inicio, acusada de un supuesto robo con violencia, mientras realizaba activismo en la caseta Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense (CEM).
Aseguró que el montaje de falsos testimonios son los que hoy tienen sentenciada a poco más de 22 años de cárcel, a la defensora de derechos humanos.
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“El Estado de México y particularmente el municipio de Ecatepec, se tornan relevantes en esta historia de criminalización a una mujer afro indígena, defensora de derechos humanos, porque desde aquí se configura una articulación ciudadana, particularmente constituida por por mujeres, que estarán en la Secretaría de Gobernación en una campaña muy enérgica por la libertad de Kenia Hernández”, expuso.
El litigante agregó que en esta localidad se ha logrado consolidar una fuerte resistencia de lucha ciudadana pacífica, que reconoce que la supuesta fabricación de delitos por las autoridades mexiquenses es una constante.
“Es un modus operandi que no estamos dispuestos a seguir tolerando en nuestra entidad; debemos, desde la sociedad colocar en la agenda pública los grandes problemas que nos aquejan y sin duda alguna uno de éstos es la impartición y la procuración de justicia”, agregó.
Lira Duque aseguró que en la entidad mexiquense existen diversos casos de fabricación de pruebas, las cuales atentan en un mayor porcentaje contra personas que provienen de grupos vulnerables.
Los falsos testimonios son los que hoy la tienen sentenciada
Dijo que, con base en fuentes oficiales, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o del Inegi, en la impartición de justicia existen categorías de discriminación principalmente contra jóvenes, personas en situación de pobreza o indígenas.
“Este conjunto de categorías sospechosas de discriminación es un universo de alrededor de 19 mil 500 personas en una población penitenciaria que ronda los 34 mil; es decir que andamos en un 60 por ciento. Claro que es delicadísimo que seis de cada 10 presos están en la cárcel por discriminación estructural y no por cometer un delito”, dijo.
Recordó que el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) participó en la “Caravana Mexiquense Dignidad, Justicia, Libertad y Vida” que visitó las diferentes regiones del Estado de México.
Sostuvo que el objetivo fue sumar a todos los movimientos, colectivos, pueblos, organizaciones sociales, magisteriales, sindicales, para construir una agenda en la coyuntura electoral que se vivirá el próximo año, para que sean escuchadas sus demandas sociales.
SPM