El diputado local Max Correa Hernández, afirmó que, “los panistas sufren de esquizofrenia y son bipolares, porque ellos sin tener un marco legal constitucional utilizaron al Ejército para enfrentar el tema de la delincuencia y declararon una guerra que nos tiene sumidos como nación”.
Se tuvo número de muertos y desaparecidos, que habla y caracteriza a una Guerra Civil, enfatizó.
Afirmó que “ellos iniciaron este desastre y me extraña que digan que no se debe de utilizar al Ejército, cuando fue el propio presidente de la República panista, Felipe Calderón Hinojosa, el que los sacó a las calles”.
Afortunadamente dijo, se acaba de integrar la conformación de la Guardia Nacional al inicio del gobierno de López Obrador.
Pues hace unos días, el darle la carga administrativa a la SEDENA bajo conducción civil y con experiencia militar, a la Guardia Nacional.
Max Correa manifestó que la Guardia Nacional, “es la fuerza que enfrentará el tema de la delincuencia organizada y el Ejército, será un segundo correspondiente”.
El próximo lunes sera discusivo plenamente en el Senado de la República.
Reconoció que el Estado de México es uno de los territorios más golpeados por la delincuencia organizada y es la institución a la que los mexiquenses le tienen más respeto.
“En el caso del Sur del Estado hay dos municipios que nos esta pegando la delincuencia y en el norte de la entidad, en San José del Rincón, el Ixtlahuaca, Sultepec y otros”, dijo Max Correa.
Insistió que la Guardia Nacional es la Institución en que los mexiquenses confían y que será el brazo legal y con disciplina que se requiere, para hacerle frente a la delincuencia.
El Ejército es un respaldo, dijo, como un primer respondiente del gobierno federal y en solidaridad con la fuerza que representa la policía estatal.
A la Guardia Nacional le tienen confianza, los mexiquenses, afirmó Max Correa
Por otra parte, la diputada federal panista, Joanna Felipe Torres, afirmó que la militarización ha sido un fracaso en materia de seguridad en otros países donde se ha aplicado.
Además, ha sido utilizado como instrumento de represiones brutales, asesinatos, torturas, desapariciones y violencias sexuales.
Por eso, enfatizó, la corte Interamericana analizó la participación de las fuerzas de seguridad pública, estableciendo parametros mínimos de Protección para los pueblos.
El dictamen en la Reforma que se presentó, carece desde su origen como iniciativa, de cualquier tipo de razonamiento y motivación.
Sobre las condiciones de la participación del Ejército en las tareas de Seguridad Pública.
La Reforma que se pone a discusión no responde a una situación extraordinaria.
Es decir, no se aplica de manera temporal y restringida, pues es la única estrategia que ha implementado el gobierno federal durante su sexenio.
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Durante su primer año sacó al Ejército a las calles, a pesar de haber prometido regresarlo a los cuarteles y pretenden que continúen así.
Incluso después de su administración.
Esta es una medida ordinaria, sujeta a cambios caprichosos de temporalidad, como esta ocurriendo en este momento en todo el país.
En lugar de limitar su actuación en municipios o regiones.
La Reforma no regula el uso de la fuerza pública, no propone una regulación especifica que establezca los mecanismos legales y protocolos que se deben de aplicar, cuando el Ejército intervenga en funciones de seguridad pública.
“No propone la Fiscalización mediante auditorias realizadas con instancias capacitadas, independientes y no militares”, señaló.
Las fuerzas armadas se les olvidó el hecho de que deben estar subordinadas a un mando civil y llevarse a cabo de manera complementaria, destacó Felipe Torres.