Operadores de pipas particulares bloquearon la avenida Insurgentes en San Cristóbal Centro y rodearon con sus carros cisterna las oficinas del Ministerio Público de la colonia La Palma.
Con el objetivo de presionar a las autoridades para frenar el combate al ‘huachicoleo’ del agua, que al momento arroja un saldo de 12 detenidos y dos tomas clandestinas aseguradas.
La mañana de este miércoles cerca de medio centenar de piperos cerraron la citada vialidad y bloquearon las oficinas de la Fiscalía.
Con el fin de exigir que se les permita continuar con el negocio de la sustracción y venta irregular de agua potable.
Estas acciones son una reacción al reciente aseguramiento que realizaron el gobierno de Ecatepec y agentes de investigación de la FGJEM, de dos predios ubicados en las colonias El Calvario y El Progreso de Guadalupe Victoria.
Donde, con tomas clandestinas conectadas a la red hidráulica municipal, los presuntos huachicoleros sustraían ilegalmente el vital líquido para posteriormente comercializarlo en las comunidades aledañas.
Cabe destacar que en ambos operativos contra la sustracción y venta ilegal del vital líquido:
Los vehículos asegurados contaban con calcomanía de una organización denominada Coordinadora de Transportistas de Agua Potable de la Zona Oriente del Estado de México, adherida a la CTC.
Ante las manifestaciones de los probables agremiados a esta organización, el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras aseguró que no habrá impunidad para quienes lucran de manera ilícita con el vital líquido.
“La impunidad se acabó.
No es correcto que algunas personas puedan cortar el abasto de agua potable y utilizar este recurso humano no renovable para poder comercializarlo”, señaló
Vilchis Contreras reiteró que los operativos para combatir el “huachicoleo” en el municipio continuarán hasta erradicar esta práctica.
Pues la sustracción de agua de manera irregular o sin permisos ya fue tipificada como un delito en el Estado de México.
Los transportistas de agua potable, como se hacen llamar, amenazaron con bloquear las principales arterias viales del municipio para tratar de doblegar al gobierno local.
Y buscar continuar con el negocio ilegal del hurto y venta del líquido a través de pipas.
La Ley Contra Huachicoleo de Agua Potable
Impone penas de dos a seis años prisión a la persona que:
Sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica.
O bien restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios.
Así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.