El panorama del sector hídrico en México es muy complejo, sobre todo por la diversidad y particularidades de los 3,501 prestadores del servicio de agua y saneamiento, casi mil más que el número de municipios en México.
El servicio público del agua solo puede ser ofrecido por el gobierno (aunque sea concesionado), en el que los prestadores tienen la facultad, casi total, de la prestación.
Lo que contribuye a que se puedan manejar temas con discrecionalidad o realizar actos contrarios a la ley en las inversiones.
La corrupción en el sector hídrico impacta negativamente en los presupuestos de los organismos operadores.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2019), implica entre 20 y 30 por ciento de sus recursos totales. Sin embargo, esto se puede contrarrestar con una adecuada regulación y supervisión.
Naciones Unidas define la corrupción como “la realización u omisión de un acto, en violación de una ley por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con la finalidad de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad”.
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También se indica que la corrupción está presente cuando una persona acepta un cargo sin las capacidades suficientes para realizar las funciones atribuidas.
Mientras que los mecanismos de combate a la corrupción son las estrategias para mitigar y eliminar las conductas descritas.
Por lo que, deben analizarse e incorporarse los medios de promoción de la integridad y anticorrupción necesarios.
Este sistema “anticorrupción”, específicamente en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, no se ha definido.
Pero debe estar compuesto en su mayoría de principios que lo guíen bajo estándares de integridad, profesionalismo, orientación al cliente, actitud de servicio, mejora continua y mecanismos de supervisión para la prestación del servicio.
En 2020, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevaron a cabo la primera evaluación del servicio y política hídrica por parte de una autoridad.
Entre los principales hallazgos se observaron: “…
La carencia de mecanismos formales para prevenir y mitigar los riesgos de corrupción en los diferentes tramos de control y operación.
O para impulsar la trasparencia y la rendición de cuentas; además, no existe un órgano regulador facultado para monitorear y evaluar la gestión de los recursos…”.
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Cabe señalar que los municipios son las entidades de gobierno más “corruptibles” a causa de su debilidad institucional, además están en contacto directo con las fuerzas de interés que los pueden someter de una manera más fácil.
En el documento The impact of corruption on access to safe water and sanitation for people living in poverty, del Anti-Corruption Resource Center de Noruega, se señala que en el sector hídrico deberían considerarse cuatro aspectos fundamentales:
1) transparencia
2) rendición de cuentas
3) la participación
4) anticorrupción
Para avanzar hacia un sector más transparente es necesario implementar una serie de acciones como:
La publicación de los presupuestos, promoción de reportes en medios de comunicación, aclaración de derechos y obligaciones de actores involucrados.
Así como la publicación de resultados de investigaciones relacionadas con actos de corrupción.
La ANEAS ha implementado una serie de estrategias para combatir la corrupción, por ejemplo, mediante la capacitación del personal de los organismos operadores.
La realización de programas de mejora del cobro-pago, fomentar y compartir las mejores prácticas, participar en estudios y evaluación del subsector, impulsar programas de inversión que evalúen resultados, promover la creación de organismos públicos descentralizados, el benchmarking y la participación conjunta con Water Integrity Network (WIN).
econorojas.h@gmail.com
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