El espionaje siempre ha sido una tentación para todo tipo de regímenes, aun aquellos que se han dicho muy democráticos y respetuosos de las libertades individuales.

Es una constante saber qué dicen los contrarios, cómo piensan, qué acciones tomarán en contra del gobierno. Seguridad nacional le llaman. Y con esa frase como bandera, se han dedicado a escuchar y a vigilar movimientos de todos los que no piensan igual, más aún de los adversarios.

Hay otra arista del espionaje, cuando se hace en contra de empresarios y ciudadanos en general, con el propósito de sacar ventajas en determinados negocios, vender información o simplemente extorsionar.

Dicen que eso se hacía desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero de lo mismo han acusado en su momento a presidentes como Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

En los años ochenta se supone que, además del veneno de sus escritos políticos, la sistemática escucha a que era sometido el periodista Manuel Buendía, fueron los motivos para su asesinato. Un crimen nunca terminado de aclarar y cuyas evidencias terminaban en la oficina de Bucareli, allá por donde despachaba entonces el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barttlet.

Seguramente no habrá un mexicano en sus cabales que no condene estas prácticas. Este delito debiera ser castigado con todo el peso de la ley.

Hoy se ha puesto de moda el programa Pegasus, que presuntamente compró la administración peñanietista para intervenir y controlar el teléfono sin que el usuario siquiera lo note.

La Secretaría de la Defensa Nacional y Security Tracking Devices firmaron el contrato para la adquisición del servicio, que supuso un costo de casi 600 millones de dólares.

Pegasus fue parte central de un Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Evidentemente, todo esto fue posible gracias a que los interesados lograron convencer al presidente Peña Nieto de que el sistema era indetectable y de que no quedaría ninguna huella. Se les olvidó que algún día tendrían que entregar el poder y con ello todas estas evidencias.

Mucho tuvieron que ver en este asunto algunos personajes cercanos al presidente que lo siguieron desde la gubernatura y que luego fueron encumbrados desde la presidencia en puestos clave, como su consejero jurídico

Humberto Castillejos Cervantes, que seguramente tendría mucho qué decir con respecto al funcionamiento de este programa y su utilidad para escuchar y espiar a quien se les diera la gana.

Hoy se sabe, gracias al trabajo de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que más de 15 mil personas fueron sistemáticamente escuchadas en sus conversaciones telefónicas por la gente de Peña Nieto.

Esta trama de película nos enfrentaría a una conspiración mayúscula, que involucraría también a altos mandos militares con influencia en las redes del poder del sexenio pasado.

Una vez abierta la caja de pandora, es menester que se llegue al fondo del asunto, si es que se tiene voluntad política para ello y que se consigne y sancione a los responsables. Aunque seguramente sólo quedará en tema mediático, como muchos asuntos.

ASME


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