El lunes 25 de noviembre, fue presentado el Plan Nacional Hídrico del 2024 al 2030. Así como la firma del “Acuerdo Nacional por el Agua”.
En primera instancia celebramos que temas de agua estén dentro de los más importantes del país.
En la columna pasada escribí en torno al presupuesto que habrá de financiar el Plan en 2025, reunir a todos los gobernadores del país, funcionarios federales, sociedad civil, empresarios, entre otros; estuvieron presentes, y hasta donde sabemos, fueron consultados y por supuesto, están de acuerdo.
El panorama actual del país es correcto. Problemas de calidad, disponibilidad, contaminación, distribución inequitativa y corrupción, a lo que agregaría falta de inversión, desvinculación entre lo físico y lo natural, así como un problema de gobernabilidad.
Dentro del tema de las concesiones, se plantea un sobre concesionamiento y sobreexplotación, para lo cual se pretende reformar la Ley de Aguas Nacionales, que, de primera instancia, no se hablaría de una derogación y promulgación de una nueva; se habla de reformar la Ley General, aunque esta no existe. El decreto de facilidades para regularización, sin duda son temas importantes.
El rezago es enorme en el país. Son años que se han ido acumulando y requerirá de una capacidad administrativa importante que se tendrá que poner en marcha, de lo que resulte, permitirá, junto con la plataforma “Agua para el Bienestar”, contar con información confiable y vigente.
Respecto a la tecnificación de riego se eficientará el uso del agua en el sector agrícola, lo que de acuerdo con el plan, se estarían devolviendo volúmenes asignados, que requerirá voluntad política importante; sin embargo, habrá que tener cuidado en no caer en la paradoja de Jevons.
Hay un punto específico para los recursos a invertir mediante el Fondo Administrativo de Infraestructura Social (FAIS), que para el 2023 se destinaron más de 30 mil millones de pesos por las Entidades y Municipios en temas de agua. El reto será dirigir las inversiones en un plan que resulte evaluable con la máxima eficiencia de gasto, y por otro lado, que se convenzan a estas autoridades a invertir en agua, alcantarillado y saneamiento.
Se habla del saneamiento y restauración de ríos. Son cuatro con los que se habrá de iniciar.
El desafío después de la construcción de plantas de tratamiento, construcción de líneas moradas y clausuras, entre otras acciones, será el mantenimiento de esta infraestructura, además de una permanente supervisión. ¿Quién se hará cargo de estas instalaciones?
Los compromisos hablan de varios puntos, algunos que recaen en la responsabilidad federal y otros municipal, y en menor medida estatal, la meta mencionada es recuperar tres mil millones de metros cúbicos, que representa 3.35% del total del volumen concesionado en usos consuntivos.
Habrá 18 proyectos para 2030, la mayoría iniciarán en 2025 que, aunque no están especificados todos en el PPEF 2025, es posible que estén contemplados en el programa R018.
Por último, resalto que no se ha hecho explícito uno de los grandes retos: el fortalecimiento institucional y económico de los prestadores de los servicios públicos de agua en el país.
Salvo contadas excepciones funcionan con números rojos, y el segundo punto, es el fondo de un nuevo modelo de gestión, ¿cuáles serán las bases sobre el que construiremos nuestra sostenibilidad?
PAT
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