Las movilizaciones para pedir amnistías de alto impacto, se trasladarán a los penales estatales y federales, debido a que varios presos por los que se pide su libertad fueron reubicados en Chiapas, Nayarit y Veracruz.
El fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, denunció que los traslados son violatorios de los derechos humanos.
Y reconocen que buscan intimidar, inhibir acciones y romper el tejido social.
En entrevista, reconoció que los penales estatales están sobrepoblados y la reubicación es una forma de aminorarla.
Pero para ellos que buscan amnistía, es respuesta a sus movilizaciones.
“Se acusa de recibo esos traslados como un acto intimidatorio o que pretende inhibir las acciones, sin embargo, esta respuesta de nuevo civil y pacífica deja muy claro que hay un sector de familiares que no está dispuesto a simple y sencillamente olvidarse de sus presos y no habrá ejércitos que logren doblegar la libertad de esas persona”, comentó.
Lara Duque, apuntó que quienes tienen familiares en la cárcel es por la pobreza y lo único que logran las autoridades es romper el tejido social.
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Además de que para ellos, la mayoría gente humilde que carece de recursos, es que no puedan viajar a ver a sus internos.
Estudios del Centro refieren que en el Estado de México un familiar gasta en promedio mil 200 pesos por visita pero se eleva hasta los 10 mil pesos.
Por ejemplo, por ir a verlos a un penal federal por ejemplo al Estado de Nayarit.
Juntar una cantidad similar de dinero para una de las familias del colectivo es casi imposible.
Eso significa tener que trabajar todo un año y sin gastar casi nada para poder hacer apenas una visita.
Tras las protestas para exigir la amnistía de alto impacto de sus integrantes
El fundador del CDHZL mencionó que una comitiva saldrá a protestar a los Centros Federales a donde fueron trasladados a protestar.
A la par harán manifestaciones en los 22 penales estatales para exigir el funcionamiento de la Ley de Amnistía.
Pues sólo hay tres personas liberadas por delitos de alto impacto, es decir, por procedimiento de recomendación y opiniones de las instituciones.
Las manifestaciones además se nutrirán con expresiones sociales del estado, campesinos, indígenas, vecinos de colonias populares.
Como forma de decirles si quieren que cambie algo en la entidad, tienen que unirse.
“Los familiares de los injustamente presos han caído en cuenta que para hacer funcionar el sistema de justicia hay que ir a buscar a todas las expresiones sociales del estado, hacerles saber qué hay una lucha como está que se tiene que engarzar a las decenas de exigencias y expresiones sociales, el tema es el modelo en la entidad”.
José Antonio Lara Duque acusó que la normatividad sigue siendo inoperante.
No porque no se pueda pues los tres casos demuestran viabilidad jurídica pero hay resistencia en el Ejecutivo a que opere la Ley porque se equipará a reconocer la falta de funcionamiento del Sistema de Justicia.
Aunque continúan las reuniones cada semana con el Poder Judicial estatal, calificó las mismas como una situación de un aceite totalmente espeso, que no se mueve y buscan que continúe porque jurídicamente es viable.
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