El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador informó este sábado que ha aceptado a trámite una denuncia presentada por la vicepresidenta Verónica Abad en contra del presidente de Ecuador Daniel Noboa y varios altos funcionarios del gobierno.
Abad los acusa de incurrir en violencia política de género, un delito considerado como una infracción electoral “muy grave” en la legislación ecuatoriana, que puede acarrear sanciones como multas, destitución y la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años.
Existe una denuncia en contra del presidente de Ecuador
Según el fallo, firmado por el juez Fernando Muñoz y hecho público el sábado por la noche, los acusados han sido convocados a una única audiencia para presentar pruebas y alegatos el próximo 12 de septiembre.
La relación entre Noboa y Abad se deterioró durante la campaña electoral, aunque nunca se revelaron los motivos de dicha ruptura. Tras asumir su cargo, Noboa designó a Abad como embajadora en Israel, pero recientemente ordenó su traslado a Turquía, alegando motivos de seguridad debido al conflicto en Oriente Medio.
Abad sostiene que estas decisiones, junto con otras acciones del gobierno, son parte de una estrategia para presionarla a renunciar a su cargo, mientras que Noboa la ha calificado de “desleal”. La vicepresidenta presentó su denuncia el 8 de agosto, acusando a Noboa, al viceministro de Gobierno, Esteban Torres; a la canciller, Gabriela Sommerfeld; y a la asesora presidencial, Diana Jácome, de violencia política de género.
Tras conocerse la denuncia, varios ministros y altos funcionarios cerraron filas en defensa de Noboa, acusando a Abad de intentar un “golpe de Estado”, según un comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno.
Noboa, por su parte, afirmó que Abad busca apartarlo del poder para asumir la presidencia y eliminarlo como competidor en las elecciones de 2025, donde ha manifestado su intención de postularse para un nuevo mandato.
Acusa que buscan apartarlo del poder
Ismael Quintana, abogado y experto en derecho constitucional, expresó en una entrevista con The Associated Press que la posible destitución del presidente “no es aplicable” en este caso. Quintana explicó que la Constitución de Ecuador establece causas específicas para la cesación de las funciones presidenciales, como la renuncia, la finalización del período o la destitución mediante un juicio político en la Asamblea Nacional. Además, subrayó que aunque el Código de la Democracia sanciona la violencia política de género, esta normativa tiene menor jerarquía que la Constitución y no confiere al TCE la autoridad para destituir al presidente.
Noboa asumió la presidencia en noviembre de 2023, con la tarea de completar el mandato de su predecesor Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea Nacional en mayo del año pasado.
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SPM