En el 2023 el Estado de México garantizará su derecho a votar para presos sin sentencia.
ONG’s advierten el reto de evitar la coacción o condición del voto, aunque las autoridades electorales adelantaron que el proceso será vigilado por partidos y observadores.
Será el tercer año que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la prueba piloto y, que hasta el 2021, han abarcado seis entidades, pues en 2024 será cuando se aplicará de manera generalizada en la República.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad (SS), refieren que en los 22 penales mexiquenses hay 33 mil 675 internos, de los cuales 21 mil 989 están sentenciados y 11 mil 686 son procesados sin especificar el género.
El vocal de la Junta local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, confirmó que para garantizar el voto desde las 22 prisiones que se tienen en la entidad, 21 del orden estatal y una federal, se coordinarán con el Sistema Penitenciario a partir de agosto, aunque los trabajos iniciarán en septiembre.
Presos sin sentencia votarán en este 2023
Recordó que, por una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin necesidad de reformar la ley local se tendrá el ejercicio, pues, recordó, que incluso en 2024 están obligados a realizarlo en el país.
Rubio Sánchez reportó que hasta ahora tienen conocimiento de que se tiene un padrón de más de 10 mil presos sin sentencia, sin precisar sexo, aunque estarán actualizando. Los trabajos se realizarán hasta febrero cuando cierre la lista nominal.
Explicó que, primero, deberán evaluar que el centro de readaptación social tenga las condiciones de seguridad para llevarlo a cabo.
Posteriormente, tendrán que acudir con los internos para preguntarles si tiene la intención de votar. Entre los filtros están el padrón y la credencial vigente.
“Ellos está en la lista nominal de electores, ahí lo que haces si ya te manifestaron, entonces en automático dice esta persona si quiere votar, está persona no ha perdido sus derechos políticos y obviamente así se integra la Lista Nominal de Electores del voto de prisión preventiva”, indicó.
Aseguró que este procedimiento se hará en las prisiones estatales y la federal, aunque en ésta última desde el INE se podrán en contacto con el director del penal de El Altiplano.
Rubio Sánchez detalló que los internos que vayan se les harán llegar la papeleta y el resumen de propuestas de los candidatos a gobernador, un día antes de la jornada electoral y el sobre será traslado por personal del INE y se llevarán a las Juntas para su contabilización.
Reiteró que en febrero cerrarán la lista nominal, aunque si un juzgado emite sentencia definitiva en contra de algún preso aun así votaría. Tienen 10 días para darlo de baja.
Sin embargo, no descartó casos que se den en los días previos al proceso, aunque si se dan el mismo día no podrán cancelar el voto al darse con anticipación este.
Aquellos que reciban un auto de libertad, podrán participar en una casilla en el exterior como cualquier otro ciudadano.
“Si tenemos la sentencia en ese momento y todavía no hacemos llegar el sobre a través de nuestras Juntas Distritales… efectivamente se retiraría el derecho del voto”, aseguró.
Rubio Sánchez aspiró a que no haya coacción del voto y aunque lo vio difícil, destacó que representantes de los partidos políticos podrán participar en todo el proceso, y en el día de la jornada de votación como observadores electorales.
“Pueden participar en todo el proceso, los partidos políticos, los observadores electorales… en las prisiones, incluso el día que se acude a votar”, aseveró.
Incluso, reveló que si existen las condiciones de infraestructura a los presos se les podrá dejar ver en televisión los debates de los candidatos a gobernador.
“Si se puede que en un área común o algo le puedan transmitir los debates para gobernador sería excelente… dependerá de la infraestructura de cada prisión”, concluyó.
No hay condiciones necesarias: ONG’s
La Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), calificó como triunfo democrático el voto en prisión, aunque adelantó que el reto de los árbitros electorales será vigilar y observar como las Comisiones de Derechos Humanos, al Sistema Penitenciario, y garantizar una participación libre.
El fundador de la CDHZL, José Antonio Lara Duque, evaluó que esto abrirá un debate y permitirá abrir una agenda, al garantizar el sufragio a este sector, a partir de la elección a gobernador del 2023.
Aseguró que la entidad mexiquense está lista para permitir que los presos se involucren en la democracia, pues, aseguró, que han tenido interés para participar en la vida pública desde hace año y medio.
Como referencia, resaltó, la lucha que han emprendido junto a sus familiares para exigir amnistías de alto impacto al denunciar que son falsos culpables.
“Claro que hay condiciones; porque es una población interna en los centros penitenciarios cada vez más informada del debate público, eso es importante”, subrayó.
El activista aseguró que los árbitros electorales tendrán como reto establecer puentes de confianza y comunicación con los internos. Asimismo, una mayor intervención de vigilancia al igual que organismos defensores de derechos humanos.
Porque, reconoció, que las cárceles son lugares propicios para la coacción y compra del voto, aunque la participación de los institutos permitirá que se ejerza de manera libre.
“Tiene que haber una intervención y una participación más enérgica de los institutos electorales que permitan dar condiciones favorables para un voto libre.
“La labor de los institutos electorales está llamada a involucrarse directamente y de la forma más amplia y transparente con la ciudadanía que hoy está viviendo en condición de privación de la libertad”.
Lara Duque llamó a las autoridades electorales a generar las condiciones necesarias para que este paso sea serio y de largo alcance.
Consideró necesario que con el voto en las prisiones exista una mayor apertura y observación de las autoridades penitenciarias y que estén a la altura para garantizar este derecho democrático.
Evaluó que los actores políticos que busquen un cargo popular estarán obligados a integrar propuestas electorales, pero realistas.
“A mayor apertura y observación las autoridades penitenciarias estarán a la altura de la necesidad de que hoy se reclama la participación democrática de los internos de las cárceles mexiquenses, porque no es poca cosa”, declaró.
No obstante, adelantó que de observarse un uso faccioso del voto desde las prisiones los legisladores podrán intervenir. Aunque, adelantó que el CDHZL vigilará este proceso, como las demás organizaciones civiles y familiares de presos.
El fundador de la asociación Presunción de Inocencia, José Humbertus Pérez, defendió que, pese a que los presos son acusados de algún delito, deberán establecerse mecanismos de cuidado y denuncia en caso de ser víctimas de coacción del voto.
“Sería muy evidente la manipulación, pero también sería muy posible… también podría ser un voto contra el sistema”, indicó.
Se sumó a pedir que las autoridades deberán ser cuidadosas y tendrán que dar mayores garantías, pese a que, recordó, que ya es delito y lo atiende la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
Coincidió que es una medida correcta y un logro para las personas que están en algunos de los 22 penales mexiquenses.
Debe legislarse para evitar ambigüedades
El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, Ariel Juárez Rodríguez, demandó que el Congreso local no sea excluido de la discusión y participación sobre el voto desde las prisiones.
Ofreció que mediante la comisión que presiden, se pueda trabajar en el tema y consideró, que deben conocer cuál es el alcance de la propuesta.
Aunque reconoció que este año en las seis entidades que renovaron a su Ejecutivo, se llevó a cabo el ejercicio.
“Estamos trabajando en una propuesta para que la comisión no sea de oropel, que no sea meramente de recomendaciones, que pueda tener facultades para ver expedientes en aquellos casos que se presume que hay fabricación de culpables”, enfatizó.
Manifestó la apertura para esperar el análisis del INE y en función de qué se haría el planteamiento, de que sea la propuesta viable o no, de cara al proceso electoral del 2024.
Pese a lo anterior, el diputado de Morena, Ariel Juárez advirtió el riesgo de que el voto desde las prisiones puede caer en un asunto meramente electorero, al recordar que hay condiciones complejas y viciadas.
Cuestionó que quien controla el Sistema Penitenciario mexiquense es el gobierno mexiquense y por ello, insistió, que la Legislatura no puede ser excluida del debate.
“Este tema se presta para que puedan manipular el contexto, votar por quien le indiquen a cambio de ciertas consideraciones con los privados de su libertad”, alertó.
Por otra parte, Ariel Juárez Rodríguez, abrió el debate sobre cuál es la diferencia entre un no sentenciado y un sentenciado, porque, consideró, que ambos permanecen en el reclusorio.
Explicó que mientras uno no sabe cuántos años permanecerá el otro sí, pero ambos están privados de su libertad y aseguró que tendría que ser parejo la situación y por ello, admitió, que debe legislarse.
“Que sea parejo para todos, porque se tiene que dar, la opinión del INE y del secretario de Seguridad, es algo que tiene que trabajarse y legislarse para evitar ambigüedades”, externó.
El presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario afirmó que este escenario da pie a solicitar a la Secretaría de Seguridad el atender la situación de los penales.
Y es que, insistió, se debe preocupar sobre las denuncias sobre supuestos casos de tortura; fabricación de culpables; el cobro al interior del penal; el saqueo de dinero que hacen a los familiares, ante un sistema estatal que, asevero, es corrupto.
Pruebas piloto han sido exitosas
El voto de personas en prisión ha sido posible en México en dos ocasiones, la primera en las elecciones intermedias de 2021 para cinco penales federales y en las pasadas del 5 de junio sólo en Hidalgo, una de las seis entidades con comicios a gobernador.
El ejercicio pudo ser posible tras una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para salvaguardar el principio de presunción de inocencia.
La primera prueba piloto que se llevó a cabo para las personas privadas de la libertad en México fue en las elecciones de 2021 en la jornada del 6 de junio, donde se registró una participación del 95 por ciento, según reportaron asociaciones civiles.
Para este primer ejercicio en elecciones intermedias, se eligieron cinco Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) en las entidades de: Sonora, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y el femenil de Morelos.
De acuerdo con la organización “Libres para elegir” 898 personas en prisión preventiva sufragaron de 949 que cumplieron los requisitos y fueron inscritas en la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva (LNEPP).
El reporte señala que en estos cinco penales federales había en ese entonces 2 mil 699 personas en prisión preventiva, de las cuales dos mil 200 emitieron su Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva (SIILNEPP).
De ellos a mil 251 les fue rechazada la solicitud y únicamente determinó que 949 cumplían con los requisitos establecidos.
Por Cefereso, en Sonora podían participar 260; en Guanajuato 356; 90 en el de Chiapas; 148 en Morelos y 95 en el de Michoacán, de todos ellos 801 fueron hombres y 148 mujeres.
En los resultados de este primer ejercicio, Morena recibió más votos, 351, seguido del PRI con 272, después MC con 93 sufragios y PAN con 89, el resto de los votos se repartió entre los otros institutos y 21 fueron nulos.
La Comisión de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y la asociación Presunción de Inocencia denunciaron que en este primer ejercicio hubo irregularidades, entre ellas el hecho de que los internos no fueron debidamente informados sobre las propuestas de los candidatos, ni los cargos que estaban en juego.
Tampoco se permitieron observadores ciudadanos para el ejercicio democrático, por lo que pidieron a las autoridades electorales y penitenciarias que pudiera se pudiera subsanar para futuros ejercicios, sobre todo para 2024.
Alta participación en comicios de Hidalgo
En las elecciones celebradas este año para elegir gubernaturas en seis estados, únicamente en Hidalgo se repitió el ejercicio para que personas sin sentencia votaran desde prisión.
El Centro de Estudios y Acción para la Justicia Social reportó que en este estado también se registró una alta participación electoral y hubo cambios significativos respecto a la prueba piloto en las elecciones federales de 2021.
En Hidalgo, la Secretaría de Seguridad Pública estatal entregó una base de datos de mil 79 personas para el proceso en las cárceles de Pachuca, Tula de Allende, Tulancingo y Huasteca Hidalguense.
Las autoridades determinaron que 130 de ellos cumplían con los requisitos para ejercer su derecho, de los cuales al final 116 votaron, un 89 por ciento de ellos, del 11 por ciento restante, 10 obtuvieron su libertad, tres fueron sentenciados y uno se abstuvo.
La organización, que se mantuvo como observadora del voto anticipado, refirió que, a diferencia de la prueba piloto, en esta ocasión las autoridades reprodujeron en los penales los debates de los candidatos a fin de dotarlos de información sobre sus plataformas.
También señalaron que en esta ocasión sí se permitió contar con observadores ciudadanos de este ejercicio, lo que no pudo hacerse en la elección de 2021.
De igual manera Morena fue el partido que obtuvo más votos con 50, seguido del PRI con 20 y Movimiento Ciudadano con 10, solo hubo cuatro nulos y dos boletas que desaparecieron.
Voto en prisión en otros países
La experiencia del voto para personas en prisión preventiva en otros países es extensa y para cada país es diferente.
Canadá, Ucrania, Sudamérica, Irán, Noruega, Francia, Irlanda, Italia son países que permiten ejercer el voto a las personas privadas de la libertad sin restricción alguna, pues según sus leyes mantienen sus derechos.
En el caso de Australia o China, solo se le permite el sufragio a cierto grupo de la población penitenciaria al igual.
Costa Rica o Panamá permiten el voto a toda la población penitenciaria, mientras que otros países como Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela tienen algunas restricciones.
SPM