Quizá los nombres de Héctor, Alan y Alessandro no le digan nada a primera instancia. Pero si a usted le dicen que esos nombres correspondían a los niños cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados dentro de cajas y maletas en el Centro de la Ciudad de México, es probable que los ubique.
La violencia encarnizada desde hace ya casi tres lustros en el País, entre los grupos del crimen organizado por el reparto de la plaza llamada México, ha convertido a las víctimas directas o colaterales, en simples números, en frías estadísticas que se multiplican por decenas cada semana. Algo muy similar ocurre con los fallecidos por la pandemia del Covid-19.
Casi a diario nos enteramos de asesinatos y ejecuciones de decenas de personas ocurridos en Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Hidalgo, el Estado de México, la Ciudad de México, mismas que en el registro mediático –pero particularmente en la contabilidad gubernamental–, no tienen nombre ni apellido. Los crímenes, muchos de ellos cometidos con saña, solo sirven para documentar reportes e ilustrar gráficas que se entregan periódicamente para su difusión. Ya no hablemos de las investigaciones judiciales, que casi nunca llegan a ninguna captura, enjuiciamiento y sentencia de los responsables. A lo máximo que llegan nuestras autoridades es a decir que se trata de un “ajuste de cuentas” entre integrantes del crimen organizado, como si con ello quedaran exentas de investigar y castigar a los responsables.
Pero la barbarie no se detiene. En cualquier País del mundo la agresión física contra menores de edad sería un escándalo, no se diga la forma tan brutal como fueron ejecutados y descuartizados los niños del Centro Histórico, que tuvieron la mala fortuna de vivir en una zona copada por el narcomenudeo.
¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad para no sorprendernos y escandalizarnos cuando nos enteramos que a menores de 14-15 años los torturaron, mataron y descuartizaron, para luego transportarlos en cajas de cartón o maletas y abandonados en un mercado público? Pareciera que el caso Ayotzinapa nos dejó inmunes ante estas desgracias.
La mínima exigencia que tenían los padres de familia de Héctor y Alan, dos de los menores indígenas de origen mazahua a quienes quitaron la vida, es que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ofreciera una disculpa pública por haber insinuado que los niños se dedicaban a la venta de drogas. Lo que la gobernante de la capital, con más empatía, hizo el sábado en el transcurso del día.
Pero, ni el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o su Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ni la CNDH, han levantado la voz para condenar y exigir el castigo a los responsables. En el Congreso de la CDMX no se pidió un minuto de silencio, como tampoco se escuchó desde Palacio Nacional algún pésame para las familias de los menores.
Es en casos como éste donde la sociedad en su conjunto debería unirse, para exigir que se esclarezca este abominable crimen de Héctor, Alan y Alessandro.
migueles2000@hotmail.com
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