El Congreso local busca agravar el delito de sustracción de menores y agilizar los procesos de recuperación, además de considerar que el ilícito se persiga de oficio y se investigue inmediatamente en cuanto se denuncie ante la Fiscalía General de Justicia estatal (FGJEM).
La iniciativa del PT considera imponer de 5 a 10 años de prisión, y de 500 a mil días de salario como multa, al padre o la madre que se apodere de su hijo menor, respecto del cual no ejerza la patria potestad o custodia.
Delito de sustracción de menores
Si el menor es restituido espontáneamente al padre, madre o autoridad en tres días sin causar daño de 3 a 40 años y de 30 a 100 días de multa y si se causara daño físico o psicológico en el tiempo de sustracción, serán de uno a 5 años de prisión y 40 a 150 días multa.
Actualmente el Código Penal estatal establece para el delito de 1 a 5 años de prisión y de 40 a 125 días de multa a padres o familiares por apoderarse de su hijo menor de edad.
La legisladora del PT, Trinidad Franco Arpero, expuso que cada día incrementan los casos de violencia familiar en la entidad. Durante la pandemia los casos se dispararon y en 2021 y 2022 hubo unas 16 mil 900 carpetas de investigación por hechos de violencia.
Un delito que se desprende de conductas relacionadas a la violencia en el núcleo familiar que es la sustracción de menores, que es la retención y ocultamiento ilícito, separación unilateral e injustificada de un niño, niña o adolescente de la persona que legalmente ejercer su guardia y custodia ocultandolo o trasladandolo lejos de su hogar.
“Esta grave conducta es una violación a sus derechos fundamentales principalmente del derecho a la familia contemplado en la Convención sobre los Derechos del niño, adoptada por México en 1989”, dijo.
Añadió que las autoridades están obligadas a velar que el niño no sea separado de sus padres contra su voluntad, de estos y excepto cuando a reserva de la resolución general, así se determine. También la Constitución vela por el interés superior de la niñez.
Esto se ha convertido en un problema
En el Estado de México expresó que prevalece una realidad distinta que dista de lo estipulado en las leyes, pues la sustracción de menores se ha convertido en un problema que se desarrolla bajo diferentes circunstancias con varios obstáculos legales.
Al no considerarse un delito grave, ya que pese a estar desaparecido, el menor no se está en riesgo latente porque está con alguno de los padres, origina que la Fiscalía General de Justicia estatal, no actúe de manera inmediata en la búsqueda o situación.
“En la mayoría de las denuncias por sustracción, la guardia y custodia es el detonante que origina el conflicto, situaciones que en 68 por ciento de los casos, escalan a descalificaciones e insultos, agresiones físicas y en casos más graves, la violencia vicaria o muerte”.
Lamentó que según datos, aunque a veces pasen años, una carpeta por sustracción puede quedarse sin resolverse debido a las brechas legales que imperan o el entorpecimiento por simulación, omisión e incumplimiento de requerimientos.
Según datos de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, el 65 por ciento de casos, corresponden a una sustracción por parte de alguno de los padres que en términos generales pudieran equiparar a la acción de un secuestro.
En 2020 hubo 14 mil 237 delitos de retención y sustracción de menores en México, un 24 por ciento más respecto a 2019, que fue de 11 mil 489 casos. De 2015 a abril de 2022, 961 niños fueron secuestrados en el país, 192 de ellos en el Estado, por lo que Edomex es el primer lugar de menores secuestrados con el 20 por ciento en la incidencia delictiva.
La fracción parlamentaria del PAN, también propuso una iniciativa para agravar el delito de sustracción de menores, por lo que pidió que ambas iniciativas sean analizadas y discutidas en comisiones y avaladas.
SPM