Colectivas feministas convocaron a un “pañuelazo virtual” para exigir que la Legislatura local apruebe la Interrupción Legal del Embarazo en el Estado de México.
Mujeres han subido en sus redes sociales fotografías con un pañuelo verde en apoyo de la legalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.
Las fotografías se acompañan del hashtags #SeráLeyEdoMex y #AbortoLegalEdoMex.
63 mil mujeres han tenido que abortar en la CDMX
A través de un pronunciamiento, las colectivas reprocharon la criminalización y el estigma que existe alrededor del derecho a decidir sobre la maternidad.
Esto ha obligado a más de 63 mil mujeres a recurrir a servicios de salud que se ofrecen en la Ciudad de México a interrumpir su embarazo.
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En otros casos, a acudir a clínicas clandestinas que no garantizan la seguridad de quienes deciden abortar.
En muchas de estas ocasiones, han arriesgado su salud, libertad y vida, cuando hay desinformación sobre el procedimiento.
“Actualmente 101 personas gestantes mexiquenses son víctimas de procesos de criminalización por aborto, teniendo en consideración que 98 por ciento de las denuncias penales afectan a mujeres que habitan en zonas rurales y en la zona metropolitana, evidenciando la desigualdad que hay para acceder a un aborto seguro”.
Señala el pronunciamiento
Mujeres han muerto a causa de un aborto inseguro
Alrededor de 11 mil mujeres murieron en el Estado de México, entre los años 2010 y 2018, a consecuencia de las complicaciones de un aborto inseguro.
Esta cifra ubica a la entidad con el mayor número en todo el país.
Exigieron a la Legislatura local la aprobación de la iniciativa de Ley para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta la semana 12 de gestación, ley que ha permanecido en la congeladora desde hace dos años.
Las mujeres son criminalizadas por abortar
Durante los últimos siete años se han levantado 699 carpetas de investigación contra mujeres por aborto ante los ministerios públicos del Estado de México.
De las cuales 83 fueron iniciadas durante la primera mitad de este año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el 90 por ciento de los casos que ha registrado esta organización, los denunciantes son trabajadores de la salud, objetores de conciencia.
Así lo destacó Esperanza Arias Velázquez, representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en el Estado de México.
Indicó que las mujeres de bajos recursos, indígenas, que no saben leer o escribir o que viven en zonas rurales son las más susceptibles a ser criminalizadas.
Y los objetores de conciencia se encuentran principalmente en los centros de salud ubicados en municipios como Naucalpan, Zinacantepec, Tejupilco, Acambay, San Felipe del Progreso y Santiago Tianguistenco.
NEF
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