En un país en el que los recursos hídricos no se encuentran disponibles en la misma proporción que los centros de población y de las actividades económicas, se ha mencionado en múltiples ocasiones la necesidad del uso eficiente del agua.
En términos técnicos, la cantidad de agua que se pierde en un sistema de distribución se denomina “pérdida física”, mientras que el porcentaje de agua que se entrega, con respecto a la cantidad que se produce, se denomina “eficiencia física”.
En las ciudades mexicanas se calcula que se pierde entre el 40 y 50% del agua total que se extrae de fuentes superficiales o subterráneas, una cifra que, en primera instancia es complicada de medir. Para conocer esta cifra con exactitud, se debería contar con una medición exacta de todas las fuentes de abastecimiento de una población, lo que nos lleva a uno de los primeros retos.
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Hay una gran cantidad de fuentes de agua que no están identificadas como asignaciones del servicio público urbano, ya que conforme las ciudades crecen absorben, por ejemplo, pozos que originalmente estaban concesionados a un ejido y en su momento se intercambió este derecho de extracción por algún beneficio, como el no cobrar por los servicios de agua a los habitantes de esa población.
De ésta forma, el uso original del agua cambió, por ejemplo, pasó de ser de uso agrícola a uso público urbano y, obviamente, se debería cambiar su registro ante la CONAGUA, sin embargo existe un gran rezago en la actualización de los registros de las asignaciones y concesiones que no permite conocer el total del volumen de agua que se está aprovechando por cada uso.
Otro problema relacionado con la producción de agua de una ciudad tiene que ver con la falta de macromedición y supervisión de parte de la autoridad, con la finalidad de comprobar el agua empleada en comparación del máximo del volumen asignado.
Actualmente, la CONAGUA lleva a cabo un programa basado en la Norma 179-SCFI-2018, que obliga a la medición de los volúmenes de las fuentes de agua de todos los usuarios y la transmisión de la información en tiempo real. Sin duda es una buena medida, pero que se enfrenta a varios problemas por que no se cuenta con una actualización del registro público de los derechos de agua (REPDA) y también por la falta de recursos para instalar los medidores que cumplen con la norma.
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La mayor parte de las pérdidas de agua se da en las redes de distribución, que en algunas ciudades alcanza miles de kilómetros lineales de longitud, mismas que fueron construidas conforme las poblaciones crecían y su vida útil ya fue superada, por ello tienen fugas. Para reparar dichas tuberías se requiere de una gran cantidad de recursos económicos, de manera constante y sostenida. A las fugas hay que añadir las tomas clandestinas, que en algunos casos suelen ser verdaderas fuentes de producción para actividades informales, como es la venta de agua en pipas.
Tampoco se cuenta con una medición eficiente de la entrada de agua para los usuarios, lo que se conoce como “micromedición”. Es esto lo que, precisamente, no permite conocer el balance entre el agua que llega a las ciudades y la que se entrega. El porcentaje de micromedición en México no alcanza ni el 60%, cifra muy optimista si se tiene en cuenta que la mayoría de nuestros medidores ha alcanzado su vida útil (5 años).
Para lograr un mejor control de la cantidad del agua que se pierde y su atención se debe trabajar en la “sectorización”, que es parcializar una zona geográfica con el objetivo de ubicar con mayor precisión la pérdida física de agua y su correspondiente reparación.
El lograr un uso eficiente del agua, que en los países desarrollados alcanza un 90% (eficiencia física), es necesario contar con organismos operadores sólidos, con recursos y capacidades suficientes. No bastan las buenas intenciones.
SPM