En los últimos días se anunció que está por expedirse un decreto para limitar las concesiones para uso industrial en gran parte de la geografía mexicana, principalmente en el norte del país, primero habría que aclarar que es un facultad del Estado Mexicano el planear, incentivar o desincentivar ciertas actividades dentro de nuestro territorio en aras de un beneficio colectivo.
Durante décadas la planeación económica, ligada a la planeación hídrica y de los centros de población fue prácticamente nula, el resultado que tenemos al día de hoy es una disparidad entre donde se encuentra la mayor parte de los mexicanos, y donde están los recursos naturales en cantidades sustentables para hacer sostenible nuestro futuro.
Hoy toca el establecer límites en cuanto a en qué y cómo crecer, económicamente hablando, ante un panorama donde el recurso hídrico sufre de grandes pérdidas por las razones que todos conocemos, el gobierno federal toma esta decisión; sin embargo hay algunos puntos que deben tomarse en cuenta para hacer que éstas políticas sean viables y cumplan el cometido del beneficio común.
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En primer lugar, habrá que conocer los detalles del decreto, qué actividades económicas está considerando en el universo de la restricción, ya que no toda la industria hace uso del agua con la misma intensidad, existe información acerca de esto y con ello se debería partir para contar con con catálogo de actividades industriales de acuerdo a la situación de cada cuenca. Dividirlo sólo por Entidades Federativas no reconoce que hay cuencas compartidas en un Estado con restricción y otros sin restricción.
Otro punto es el de los prestadores de los servicios públicos de agua para uso público urbano, éstos cuentan con asignaciones (no concesiones) que de acuerdo a la prelación de la Ley de Aguas Nacionales es prioritario, junto con el uso doméstico, bueno, pues ellos cuentan en su padrón con usuarios industriales, que seguramente caerán en bajo el decreto mencionado, y de acuerdo a su disponibilidad pueden brindar el servicio, más cuando de estos usuarios depende el subsidio cruzado con el que apoyan a los usuarios domésticos, será difícil que el decreto llegue hasta ellos, que dependen en la gran mayoría de los municipios de la autoridad local, y que el Art. 115 de la Constitución les da la facultad de diseñar su política de prestación del servicio de acuerdo a sus intereses.
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Esto nos lleva a considerar un nuevo juego de intereses que recaen sobre la autoridad municipal, sin prestadores públicos fuertes, en lo institucional, en lo económico y en lo técnico, podrán caer en un desequilibrio de fuerzas que deberán afrontar.
Por supuesto que aumentar la disponibilidad sigue dependiendo de disminuir las pérdidas de agua en las ciudades y con ello poder aumentar volúmenes destinados a usuarios no domésticos, sin perjudicar el abastecimiento para los hogares, ese es el reto; sin embargo, después de décadas de ser evidente este problema, poco se ha avanzado en solucionarlo, una presión más recaerá sobre ellos, esperemos éste decreto venga acompañado de instrumentos económicos para ayudar a los organismos operadores. Y finalmente tendrá que venir acompañado de un programa completo de planeación económica que dé los incentivos necesarios para buscar localizaciones en el sur y para procurar un desarrollo sostenible en el norte, en el centro y en el sur.