SCJN mantiene suspensión de Plan B en el Edomex, así los ministros lo dieron a conocer.
La suspensión de la primera parte del Plan B de la Reforma Electoral, que ordenó no aplicar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió mantenerla.
Por mayoría de tres votos, los ministros rechazaron el proyecto de Loretta Ortiz Ahlf, donde proponía levantar la suspensión, pero mientras no se resuelva si estas normas son o no constitucionales, se mantiene la suspensión también en Coahuila.
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SCJN mantiene suspensión de Plan B en el Edomex
Al ser rechazado el proyecto, el asunto fue re turnado al ministro Javier Laynez Potisek, quien deberá hacer uno nuevo, en el sentido de mantener la suspensión.
Esta medida cautelar fue otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien consideró que tanto en el Estado de México como en Coahuila hay procesos electorales en curso, por lo cual aplicar las leyes impugnadas significaría cambiar las reglas con el proceso ya iniciado.
¿En qué consiste esta parte del Plan B?
El año pasado, el Gobierno de la República publicó el Decreto por el que se reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que “no constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.
En el documento que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece lineamientos para la contratación de Campañas de Comunicación.
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Y en donde especifica que no constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen servidores público, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita.
También prohíbe contratar Campañas de Comunicación Social a precios superiores a los que pagan anunciantes privados, además de que los Entes Públicos tomarán como referencia las tarifas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Se estipula que los criterios para aplicación de gasto público en Propaganda gubernamental se apegarán a la Austeridad Republicana.
AL