Gabriel Corona Armenta
Desde su fundación, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), al igual que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), han estado dominados por personas afines a los poderes del Estado. Muchos magistrados han trabajado ahí en algún momento de su vida.
Basta con revisar el historial profesional de quienes lo han integrado, para darse cuenta de que el TEEM es prácticamente una extensión del sistema. La gran mayoría tienen su vida ligada al oficialismo. Por esta razón carecen de una experiencia profesional independiente a los círculos de poder. Eso explica la permanencia tan larga de algunos de ellos en el cargo, como un premio a su lealtad y a sus servicios al sistema.
A lo largo de su historia, el TEEM ha sido un eficaz instrumento del sistema electoral, siempre favorable al gobierno del estado. Han sido numerosas las ocasiones en que se le ha utilizado para sobre representar al PRI en la Legislatura local, como en 2009, a través de sus partidos satélites. Esto no siempre ha sido impugnado, porque las prácticas de convencimiento del sistema lo han impedido, casi siempre consistentes en dinero o en cargos públicos.
El TEEM también ha sido un dique para revertir acuerdos que el gobierno estatal no ha podido frenar en el IEEM, donde las presiones coyunturales de algunos partidos, u otros actores, han obligado a tomar decisiones que no han satisfecho al gobierno estatal. Por ejemplo, la candidatura independiente que el IEEM le aprobó a Isidro Pastor en 2017 y que finalmente le revocó el TEEM.
A lo largo de su existencia, el TEEM también ha sido una especie de muro de contención para frenar las diversas demandas de participación de las mujeres en la vida política. Por ejemplo, la de paridad de género en 2015, que finalmente provocó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitiera una jurisprudencia, que la hizo obligatoria en todos los cargos de elección popular.
La manipulación oficial en el TEEM es tan grande, que, a los litigantes electorales, sean de partidos políticos opositores o no, les parece una pérdida de tiempo acudir a presentar ahí cualquier recurso jurídico. Lo hacen obligados porque así lo establecen los procedimientos, pero están conscientes de que las probabilidades de tener éxito en sus reclamos son mínimas, en virtud de la composición de su pleno, siempre favorable al PRI.
Los partidos opositores toman la presentación de sus reclamos en el TEEM como un mero trámite. Muchos de ellos quisieran eliminar ese paso, porque están convencidos de que solo podrán conseguir algún resultado positivo a sus demandas en la Sala Regional Toluca o en la Sala Superior del TEPJF, donde la mano del gobierno del estado tiene menos poder, aunque no es del todo inexistente.
A pesar de que esta situación trató de cambiarse mediante la designación de los magistrados electorales locales en el Senado de la República, y no en la legislatura del estado, la situación poco cambió. Siguieron imperando las cuotas de los partidos políticos en los nombramientos y la mano del gobierno mexiquense no desapareció, solo adquirió nuevas formas de acción.
Con un panorama local como el descrito, es evidente que los dos árbitros de la contienda están sesgados a favor del PRI y sus aliados. Por esta razón, habrá que estar atentos a que no se tuerza la ley otra vez. Para tener elecciones creíbles, y no otra simulación jurídica, es necesario tener un TEEM imparcial. Nada más, pero nada menos.
ASME
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