Gabriel Corona
El informe 2021 del Índice de Paz México, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, presentado hace unos días, enumera que al menos 139 personas, entre políticos, funcionarios gubernamentales y candidatos a puestos de elección popular, fueron asesinadas entre septiembre de 2020 y marzo de 2021.
Las cinco entidades con mayor índice de asesinatos de este tipo fueron: Veracruz, 17; Guerrero, 13; Morelos, 10; Guanajuato, 9; Oaxaca, Zacatecas y Estado de México, 8 en cada uno.
Obviamente en esa lista no se incluyen los asesinatos ocurridos en las actuales campañas electorales, entre los que destacan los siguientes: Abel Murrieta, candidato a presidente municipal de Cajeme, Sonora, hace dos semanas; Alma Barragán, candidata al mismo cargo en Moroleón, Guanajuato, hace cuatro días (ambos de Movimiento Ciudadano); Cipriano Villanueva Ovando, candidato del partido Chiapas Unido a primer regidor de Acapetahua, asesinado antier; o el ataque a tiros el miércoles al candidato de Morena a la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, Francisco Pancóatl, que finalmente solo resultó herido.
Al igual que en nuestro país, esta semana estuvo llena de hechos y denuncias de violencia electoral en el territorio mexiquense, aunque no se llegó a los extremos anteriormente citados. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al gobernador Alfredo del Mazo de ser omiso con la violencia electoral en el sur del estado; a la candidata a presidenta municipal de Metepec se le atribuye un video donde supuestamente amenaza a las hijas de Fernando Flores y Enrique Vargas; también en ese municipio, seis candidatos al mismo cargo pidieron frenar la violencia.
Además de lo anterior, destacaron los siguientes hechos durante la semana recién concluida: la Coparmex exigió frenar la violencia electoral; varios candidatos de Morena denunciaron violencia política, física e intimidación en su contra; también se denunció el aumento de las agresiones contra Xóchitl Flores, aspirante morenista a la presidencia de Chimalhuacán; y circuló la versión de un atentado al candidato morenista a la presidencia de Jilotepec.
Por todos esos hechos, y otros más, se anunció que la mesa política integrada por representantes del gobierno estatal, de los partidos y del IEEM, que se reúne regularmente, sesionará permanentemente hasta el 6 de junio. Además; el IEEM anunció que se dará protección a 23 candidatos, entre ellos Zudikey Rodríguez y Michelle Núñez, aspirantes a la presidencia municipal de Valle de Bravo. También por esta razón, doce mil policías vigilarán la próxima jornada electoral.
Con un panorama como el descrito anteriormente, la pregunta obligada es ¿qué ocurrió para que se llegara a esta situación? Las hipótesis son muchas. Una es que el poder acumulado por los grupos delictivos, especialmente los narcotraficantes, ha rebasado al poder coactivo del Estado. Otra es que el grado de polarización política existente en el país ha llevado a muchos a pensar que la próxima elección es la madre de todas las batallas, donde compiten básicamente dos grandes proyectos de nación.
A todas luces la situación que vive el país y el estado, en términos electorales, es anormal. Si los comicios se inventaron para disputar el poder de manera pacífica, no se justifica de ninguna forma la violencia criminal, o las agresiones entre partidos y candidatos. Estos hechos atentan contra la convivencia democrática. Es necesario que los gobiernos los detengan ya.
NEF
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