El sábado pasado Delfina Gómez recibió la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa del Estado de México. Se rompió así la tradición de que el candidato del PRI la recibía casi de forma automática. Así ocurrió con los 16 gobernadores electos de 1929 a 2017, aunque no con los siete sustitutos o interinos. De esas 16 constancias, el Colegio Electoral de la Legislatura entregó 12 y el IEEM las de Arturo Montiel, Enrique Peña, Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo Maza.
Sin duda alguna es un hecho histórico haber roto con esa tradición claramente anormal en cualquier sistema que presuma de ser democrático. Todavía más anormal ha sido que de esos 23 gobernadores nueve nacieron en el Valle de Toluca, siete en Atlacomulco, cuatro en otras entidades y solo tres en el Valle de México, la zona más poblada del estado, al menos desde la década de 1960. De todos ellos ninguno nació en Texcoco, la primera capital del estado, después de que el DF pasó a ser residencia exclusiva de los poderes federales.
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Con el fin del dominio de los gobernantes nacidos en el eje político Valle de Toluca-Atlacomulco, y la asunción de la primera gobernadora nacida en Texcoco, se podría dar lugar no solo a una anécdota, sino a la transición hacia una forma diferente de gobierno en la entidad más poblada del país. Se podría transitar de una cleptocracia (gobierno de ladrones) característico de los emanados del grupo Atlacomulco, a una democracia con un gobierno eficiente que resuelva los graves problemas que persisten en la entidad: inseguridad, corrupción, injusticia y pobreza, entre otros.
Para lograrlo, la gobernadora electa tendrá que integrar un equipo de transición competente y honesto, que haga un buen diagnóstico de la situación en que se encuentra la entidad y la administración pública estatal. Solo a partir de eso podrá formar un equipo de gobierno eficaz. Si cae en la tentación de integrar un gobierno de cuotas, tan característico de los gobiernos del PRI, podría repetir los mismos vicios y errores de los anteriores. Ese hecho tendría altos costos para la ciudadanía mexiquense, que está cansada de esperar la solución a sus demandas.
El problema de un gobierno de cuotas es que produce una especie de feudos de poder. Quienes ocupan los cargos públicos a partir de ese criterio sienten que están ahí porque se los deben. Creen que es un pago por sus servicios. Por esa razón descuidan la eficacia y se olvidan de la honestidad con que deben ejercerlo. A causa de este criterio erróneo se podría integrar un gobierno poco honesto y eficaz para combatir los graves problemas estructurales que padece el estado, desde hace varias décadas.
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Para una responsabilidad tan grande, Delfina Gómez tendrá que echar mano de los mejores cuadros y militantes de su partido, Morena. Es necesario que evite la tentación de mantener vivo al PRI a través de nombramientos de personajes de ese partido o cercanos a él. A manera de ejemplo valga la experiencia de Fox y Calderón a nivel federal. Mantuvieron parte de la estructura de priista en sus gobiernos y fracasaron. Después le regresaron el poder al tricolor.
El estado requiere un viraje en la forma de gobernar. Delfina Gómez no debe hacerlo para la oligarquía económica y política creada por el grupo Atlacomulco. No puede tampoco reciclar políticos que simularían un cambio, para que todo siguiera igual. La nueva gobernadora no debe olvidar que “no se puede hacer vino nuevo en odres viejos”.
SPM