UIF acusa a excolaboradora de Genaro García Luna de firmar contratos millonarios, así lo dio a conocer Pablo Gómez, responsable de dicha dependencia, durante su intervención en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que Sonia Vargas, recientemente incorporada al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, es responsable de la firma de contratos por un monto de 71 millones 600 mil dólares durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
UIF acusa a excolaboradora de García Luna
Y aseguró que dicha operación fue encuadrada como parte de una trama de corrupción que se realizó bajo la gestión de Genaro García Luna a su paso por la administración pública federal.
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Gómez aseguró que el núcleo central de la demanda que presentó el Gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares sugeridos de operaciones ilícitas y de lavado de dinero también se debe a un conjunto de contratos que involucran a otros funcionarios de la Policía Federal Preventiva y de la Secretaría de Seguridad Pública.
Sin embargo, dijo, que por ahora la denuncia se encuentra detenida por una apelación de la defensa de estos funcionarios involucrados que cuestionan la competencia del Tribunal en Florida.
Explicó también que esto se deberá resolver próximamente para continuar con el proceso y así recuperar los recursos extraídos al erario.
La UIF da nombres
El encargado de la UIF mencionó que entre los funcionarios que firmaron contrato millonarios se encuentran: Rodrigo Esparza, comisionado de la Policía Federal, con un contrato por un monto de 69 millones 100 mil dólares.
También mencionó a Humberto Martínez, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal con 38.8 millones de dólares.
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Luis Cárdenas Palomino, está entre los involucrados, con un contrato de 2,5 millones de dólares y Rafael Avilés, Jefe de la División de Fuerzas Federales, con 12 millones de dólares.
En cuanto al gobierno de Enrique Peña Nieto, se involucra al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, con 253 millones de dólares y 67 millones de pesos; Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Previsión y Readaptación Social, 88 millones de pesos.
Un gigantesco mecanismo de succión de dinero
Pablo Gómez aseguró que esto no se trata de irregularidades en el desempeño de los funcionarios públicos sino de un gigantesco mecanismo de succión de dinero público.
“Ronda en 700 millones de dólares, que es una cantidad muy grande. México ha acudido a tribunales civiles de Florida donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y dinero para que sea restituido a México”, aseguró.
Por esto, la UIF acusa a excolaboradora de García Luna de firmar contratos millonarios y a otros funcionarios.
AL