Una jueza del distrito judicial de Otumba vinculó a proceso a Ellery Guadalupe ‘N’, presidente del DIF en el municipio de Tonatico, por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro express con fines de extorsión, cometido en contra de un vendedor de micheladas.
Al detenido se le investiga también por sus probables nexos con la Familia Michoacana, ya que la víctima lo señala de haber participado con el grupo delictivo para obligarlo a “alinearse” y hacer pagos periódicos del 10 ciento de sus ganancias por la venta de cerveza.
El presidente del DIF de Tonatico fue detenido en operación enjambre
Ellery Guadalupe “N” fue detenido el viernes pasado como parte de la Operación Enjambre y recluido en el penal de Tepachico, a 180 kilómetros de donde se habría cometido el delito.
Este jueves se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial la cual duró más de tres horas en la sala 2 de los juzgados de Otumba.
Al investigado, quien también es ex alcalde del municipio de Pilcaya Guerrero, se le vio vestido con la misma playera blanca y el pantalón de mezclilla que portaba el pasado viernes, cuando fue detenido por las fuerzas policiales.
De acuerdo con la imputación hecha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos delictivos ocurrieron el pasado 18 y 31 de Mayo de este año, a unos días de que la víctima instaló un puesto de micheladas en las inmediaciones de la autopista Ixtapan de la Sal-Taxco, al sur de la entidad.
Se expuso que en un primer momento, un comando de 10 personas armadas y con vestimenta tipo militar, exigió al comerciante el 10 por ciento de sus ganancias para permitirles que siguieran trabajando en el lugar.
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Exigió a un comerciante que se alineara
La víctima habría dado 750 pesos; posteriormente el 31 de Mayo, el mismo grupo armado exigió una cantidad mayor y además lo trasladó a un inmueble donde se presume que se encontraba el esposo de la presidenta municipal de Tonatico.
Ellery Guadalupe “N” fue señalado de exigir al comerciante que se “alinee” al grupo criminal, además de golpearlo en dos ocasiones en el rostro.
La defensa del funcionario expuso supuestas inconsistencias y contradicciones por parte de una testigo y compañera de la víctima, por lo que consideró que las pruebas presentadas por el ministerio público son insuficientes.
Para el cierre de la investigación complementaria se estableció un plazo de dos meses, a los cual estuvieron de acuerdo todas las partes.
El investigado se encuentra en una celda de máxima seguridad y permanecerá en el reclusorio de Otumba para garantizar el desarrollo del proceso y la seguridad de la víctima.
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